La regresión democrática de Guatemala en el último año no tiene precedentes desde que está vigente la Constitución Política de la República. Es, además, la más acelerada de la región. A Ortega le llevó quince años configurar el régimen dictatorial que ha sometido a los nicaragüenses y Nayib Bukele lleva tres años en deriva autoritaria con la complacencia de ocho de cada 10 salvadoreños.
El proyecto de autocracia en Guatemala está siendo conducido por una coalición de partidos sumamente desacreditados –en la que el crimen organizado se ha venido adueñando de las riendas. Forman parte, además, ciertos empresarios y grupos radicales que repican las campanas de Trump. Estos son los más vocales a través de los netcenters desde donde expelen a diario sus mensajes de odio.
No solo eso, presumen la conducción de la persecución política y exhiben el MP de Consuelo Porras, Ángel Pineda y Rafael Curruchiche (el trío de la Lista Engel) como su marioneta. Con bombos y platillos, algunos de ellos asumen el rol de “notificadores” de los próximos allanamientos y capturas contra sus enemigos políticos, y otros se regodean filtrando con antelación detalles de los montajes judiciales.
Son operaciones psicológicas nada sofisticadas. Y cuando las piezas no se les ajustan, se enojan infantilmente advirtiendo que aún guardan plomo para segar vidas con impunidad, como en los viejos tiempos.
Por lo demás, no hay novedad en la construcción ideológica: es el copiado y pegado de Trump. La agenda legislativa que están deslizando no es otra que la de la dictadura de Ortega. Esas mezcolanzas son un pobre ropaje de la esencia de su proyecto: corrupción, crimen e impunidad. Se trata de la reconfiguración del Estado en una dictadura mafiosa corporativa.
Nicaragua y El Salvador no alcanzan ese extremo de gravedad. A pesar de sus regímenes autocráticos, las redes criminales no han infectado los nervios centrales de sus instituciones, como en Guatemala. Por eso la comparación más pertinente en la fase a la que no asomamos será Haití.
Lo cual nos conduce a un escenario en el que Guatemala brincaría súbitamente al elenco de las cinco prioridades de la comunidad internacional, abandonando la periferia actual. En gran medida eso dependerá del manejo del proceso electoral de 2023. Si el Pacto impone sus criterios de exclusión, opacidad y fraude, es decir, si consuman elecciones ilegítimas, las presiones serán bárbaras y vendrán no solo de Washington.
El exultante Pacto que pisotea la Constitución y demás leyes, que capturó el sistema de justicia entero y se adueñó del presupuesto público, cree en su victoria aplastante y duradera. Ignora los límites y está dispuesto a ir tras cualquier tipo de disidencia, incluyendo además de operadores de justicia, activistas humanitarios y periodistas, a empresarios y políticos.