Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, correspondientes al cierre presupuestario del pasado mes de julio, indican que a esa altura el Gobierno ya había dado salida de manera efectiva a cerca de 4.500 millones de euros, de los cerca de 28.500 millones de fondos europeos presupuestados para el ejercicio de 2022. La cifra se refiere a dinero que ha salido de la caja del Estado en dirección o bien a los beneficiarios últimos de la subvención o a los órganos administrativos, autonómicos o estatales, encargados de distribuir las ayudas, no al volumen de créditos presupuestarios que Hacienda ha autorizado a utilizar ni siquiera al de créditos cuyo uso se ha comprometido por parte de los ministerios, que son las referencias que acostumbra a utilizar el Gobierno para engordar las cifras de ejecución. El dinero contante y sonante de fondos europeos que ha salido de la caja del Estado hasta julio son esos cerca de 4.500 millones de euros, que suponen una ejecución efectiva cercana al 16% del total, cuando ya se ha rebasado el ecuador del ejercicio presupuestario. ¿Significa eso que ese es el dinero que ha salido de las arcas públicas para caer en manos de sus destinatarios últimos y dinamizar la actividad económica? Pues parece que tampoco. Un informe de seguimiento de la gestión de los fondos europeos difundido este lunes por Fedea, uno de los institutos de análisis económico más prestigioso del país como lo demuestra que sea uno de la media docena escasa de ‘think tanks’ que organismos internacionales como la Comisión Europea o el FMI consultan de forma regular para armar sus informes sobre la economía española, sugiere que esa cifra infla de algún modo la ejecución real de los fondos al incluir los recursos que han salido de la caja del Estado en dirección a las comunidades autónomas o a otros organismos estatales que después tendrán que distribuirlos entre los beneficiarios finales. «En muchos casos, esto sólo quiere decir que esos recursos han iniciado el viaje hacia su destino final , lo que puede implicar varias transferencias entre administraciones o entes públicos hasta llegar a aquel que, en última instancia, se ocupará de gestionar las convocatorias o licitaciones correspondientes«, explica el informe. »Conviene, por tanto, distinguir entre la ejecución provisional y la ejecución definitiva o gasto final de los fondos del Mecanismo de Recuperación, reservando este último término para los pagos a los destinatarios finales de las ayudas o a las empresas ejecutoras de las inversiones licitadas, mientras que el primero correspondería a transferencias de fondos entre administraciones o entidades del sector público de camino a ese destino final«. La diferencia no es menor. Según las estimaciones de Fedea, para el ejercicio de 2021 mientras que las estadísticas oficiales mostraron un volumen de pagos realizados de 11.000 millones de euros, lo que implicaría un porcentaje de gasto efectivo sobre lo presupuestado del 45%, la estimación de gasto realmente ejecutado elaborada por el instituto dejaría esa cifra en 6.545 millones y el porcentaje de ejecución en el 27%. La brecha surge al aplicar a los fondos transferidos a otros organismos un grado de ejecución real similar al del Estado, la única administración que ofrece información real de su ejecución, pese a que no gestiona más que una parte minoritaria de esos fondos. El fenómeno sería perceptible también este año. Mientras los datos de Hacienda a mitad de año revelaban unos pagos realizados de 2.600 millones de euros, la estimación de Fedea rebaja la ejecución real a menos de 1.500 millones de euros, casi un 40% menos que la foto oficial que proporciona Hacienda. La conclusión de Fedea es que la ejecución de los fondos europeos hasta la fecha «ofrece motivos para la preocupación» pese al esfuerzo realizado por las Administraciones Públicas y que es lícito cuestionarse si esto puede comprometer la llegada de los fondos restantes que le quedan por recibir a España. El laboratorio de ideas expresa también su preocupación por las reformas abordadas desde el Gobierno, que considera poco ambiciosas y en algunos casos adolecen de una «deficiente calidad técnica». En este ámbito, el instituto que dirige Ángel de la Fuente señala de forma particular a la reforma de las pensiones, ya que ofrece dudas sobre el cumplimiento del objetivo de garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo.