El sábado pasado asistí a un foro en la Antigua Guatemala organizado por el Colegio de Arquitectos de Guatemala, sobre El pot de Antigua Guatemala. Antes de las discusiones teóricas y de los argumentos de las centenas de estudios realizados, basta ver la realidad de una ciudad en franca decadencia. Se está perdiendo la “joya de la corona”. Para comenzar, el estado de las calles empedradas es una calamidad, a pesar de que se puede observar en algunas de ellas trabajos para remozarlas. El Centro Histórico de Antigua Guatemala debe ser definido con precisión, para que este pueda convertirse en peatonal. No se necesita mayor profundidad de conocimientos ni ser especialista en el tema para entender que esta ciudad no fue construida para el tránsito de tráilers, camiones pesados y de la infinidad de vehículos particulares que inundan sus calles y avenidas coloniales, especialmente los fines de semana. La Muni de la Antigua cuenta y contribuye con el deterioro de las arterias de la ciudad utilizando grandes camiones recolectores de basura. Alguno de los panelistas expresó que mientras se discuten estos temas el mercado y los políticos de turno hacen su trabajo y continúan su desarrollo, aunque este le dé las espaldas a la mayoría de la población. Mi hijo mayor se sorprende cuando le digo que el 70 por ciento de los turistas que visitan Guatemala pasan por Antigua y que a muchos de ellos ni siquiera les interesa conocer la ciudad de Guatemala, a menos que sea el aeropuerto, que hace mucho dejó de tener la categoría en realidad de “internacional”. La conclusión es que la gestión municipal en términos del ordenamiento territorial es caótica, pero que sigue inexorablemente su andar. Y, naturalmente, esto sucede no solamente en Antigua Guatemala, sino en la vasta mayoría de las municipalidades del país y en la propia capital de la república. Sin embargo, esta reflexión me lleva a pensar que es el país el que está en crisis. ¿Cómo es posible, en una nación supuestamente democrática, que el Congreso de la República no haya elegido como lo manda la Carta Magna a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los jueces de las Cortes de Apelaciones para el próximo periodo constitucional? Y que pese a ello sigan tranquilamente todos los involucrados en los cargos. ¿Cómo es posible que no exista separación de los poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en realidad? No existe la justicia pronta y cumplida. ¿Cómo es posible que se hayan cooptado por el Pacto de Corruptos la CC, el MP, el Tribunal Supremo Electoral, la CDAG, la prensa sumisa, la Usac, la Procuraduría de los Derechos Humanos y próximamente la Contraloría General de Cuentas? Y para mientras, las injusticias continúan. Jueces, periodistas, ciudadanos, universitarios, activistas de los derechos humanos y ambientales perseguidos —con casos montados— y encarcelados. Y todo esto seguirá en tanto el pueblo soberano no se pronuncie arrasadoramente.