El abuso de la prisión preventiva ha sido una rémora del sistema nacional de justicia desde hace décadas. Sin embargo, fue en los últimos diez años que se incrementó a niveles alarmantes aplicándose a acusados que, muchas veces, ni siquiera fueron ligados a proceso por el juez competente. Esto genera una serie de inconvenientes sociales, así como hacinamiento en las cárceles, e influye directamente en la corrupción que impera en el sistema penitenciario. Sumado a esto, hemos podido observar cómo desde hace siete años, especialmente en los llamados casos de alto impacto, apareció como una nueva mala práctica la prisión provisional.
Es importante anotar que la prisión provisional no está regulada en el ordenamiento jurídico guatemalteco y que, si bien es cierto que su uso ha ido en aumento, es una medida que adolece de sustento y podría calificarse como arbitraria. Lo que sí está muy bien regulado en la legislación guatemalteca es la prisión preventiva. La misma está sujeta a dos presupuestos claramente definidos en el artículo 259 del Código Procesal Penal, que establece en el segundo párrafo: “La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso”.
Tomando en cuenta que la libertad debe ser la norma para todas las personas y que solo debe privarse de ella en los casos que la ley estrictamente contempla, la deja, al igual que todas las penas que dictan la reclusión de la persona, como la última instancia a aplicar. A lo largo de la historia en América Latina han imperado regímenes que no respetan el Estado de derecho y en Guatemala, especialmente desde 2014, la prisión preventiva y la prisión provisional han sido utilizadas en una forma que a veces podría parecer sospechosamente como una herramienta del sistema para neutralizar a rivales políticos o personas incómodas.
En algunos casos, los detenidos han pasado años así, sin que sus procesos puedan llegar a sentencia firme. Estos errores de la aplicación del derecho penal no solo no deben ser tomados como fuente del derecho, sino que deben ser erradicados. La justicia debe buscar el bien y nunca debe ser utilizada como una simple venganza social. Lo que más sorprende a la mayoría de los ciudadanos es que mientras personas son enviadas a prisión preventiva, que se convierten en verdaderas penas anticipadas, la mayoría de los delincuentes peligrosos tienen varias entradas y salidas y rara vez pasan más de un par de días en las carceletas.