El movimiento del Gobierno de Andalucía suprimiendo la aplicación del Impuesto de Patrimonio en su territorio, del mismo modo que ya sucede en la Comunidad de Madrid, ha obligado al Gobierno a cambiar el paso y a reaccionar rápidamente para sostener el pulso en este especie de batalla fiscal. Si este miércoles era la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , la que deslizaba que el Gobierno había empezado a explorar las opciones de establecer una nueva figura fiscal para las rentas más altas, este jueves sus principales socios parlamentarios han aprovechado el debate en torno al techo de gasto de los Presupuestos de 2023 y la prórroga de la suspensión de las reglas fiscales para animar al Ejecutivo a subir los impuestos a las grandes rentas como reacción a la política de rebajas fiscales del PP. «Ha llegado el momento de plantear el debate de la política fiscal «, ha dicho el portavoz de Unidas Podemos, Txema Guijarro, tras afear al PSOE su rechazo a tramitar la pasada primavera una proposición de ley de su formación para implantar un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas de cara a 2023. La formación morada no sólo ha pedido a la ministra de Hacienda que acelere la creación de un nuevo impuesto a las grandes rentas, bajo el consabido argumento de garantizar un reparto justo de las cargas de la crisis, sino que también le ha instado a »legislar de forma urgente contra el ‘dumping fiscal’ de las comunidades autónomas del PP, que no sólo va contra Cataluña sino contra todos y todas«.