La inconformidad contra la iniciativa de ley 6054 crece cada día que pasa. Voces y actores muy disímiles, que casi nunca coinciden, parecieran haberse puesto de acuerdo para señalar los peligros que encierra esta iniciativa que pretende situar bajo la coordinación del MARN las instituciones de competencia ambiental. En su mayoría, quienes han alzado su voz con relación a esta iniciativa de ley señalan los peligros que conlleva la concentración de poder en un “gigante pulpo” burocrático que controlaría toda la temática ambiental desde el sector público. Las voces opositoras correctamente señalan las implicaciones que tal concentración de facultades en el MARN tendrían sobre la certeza jurídica de los distintos instrumentos jurídicos hoy existentes que regulan el aprovechamiento racional de los recursos naturales; el abuso de autoridad y corrupción que podría propiciar la excesiva concentración de autoridad en manos de unos cuantos todopoderosos burócratas; el retroceso en el esquema descentralizado de gobernanza ambiental hoy existente.
Además, el desempeño del MARN a lo largo de los años tampoco lo hace la mejor institución dentro del sector público para concentrar tanto poder discrecional. Si algo está más allá de toda duda en Guatemala es la debilidad e infectividad del papel del Estado en la “conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, debiendo prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural”. Considerar que ampliando el ámbito de acción del MARN y otorgándole más facultades y responsabilidades se está avanzando en la dirección correcta constituye, en el mejor de los casos, una monumental ingenuidad. Antes de proponer tal solución, habría que evaluar qué tan efectivo y eficaz ha sido dicho ministerio en el cumplimiento de las funciones sustantivas que le otorga la Ley del Organismo Ejecutivo. Constituye grave desatino, sino negligencia, asumir que dándole más poder a este ministerio se resolverá el problema del uso racional y sostenible del ambiente y recursos naturales. La defensa del ambiente supera lo que el Estado, sector empresarial y sociedad civil pueden lograr actuando cada uno por separado, sin un sistema de garantías que proteja los intereses colectivos y sin un adecuado sistema de pesos y contrapesos que regule el poder de todos los involucrados en este tema.