Mientras los políticos siguen con sus pleitos, protegiendo sus terrenos, salvaguardando sus intereses económicos, expandiendo sus redes clientelistas, o hacerse de la vista gorda de la impunidad jurídica, los guatemaltecos siguen en las mismas, con ingresos similares a los de hace cinco años, en donde hay una ola migratoria sin parar como método para mitigar su malestar. Parece ser que los tomadores de decisiones ignoran estas realidades. En un país con ingresos promedios a US$250 mensuales no se puede gozar de las oportunidades que la sociedad moderna ofrece. Y la mayoría de los guatemaltecos viven con esos ingresos y no les da.
Hay que tomar en serio la migración y las realidades que la hacen posible porque la salida de personas, sin respuestas sólidas y comprometidas con el progreso social, continuará y no hará mejorar al país, aun y con las remesas que entran. Es imperativo conocer la magnitud del problema migratorio, los riesgos y las consecuencias de una continuidad y empeoramiento socioeconómico. A lo mínimo se requiere dimensionar lo que ocurre en Guatemala como el primer orden del día.
Entre pensar en irse y decidir por irse
Uno de diez hogares guatemaltecos ha pensado en irse del país en los últimos diez años. En 2019 era 14 por ciento de los hogares, y este año 10 por ciento, pero ante el continuo crecimiento demográfico, mientras 50 por ciento de esos con la intención de migrar salió del país en el 2019, este año 70 por ciento de esos hogares con la intención de irse terminó yéndose: estos son más 320 mil guatemaltecos, a Estados Unidos nada más.
Descontando los menores de edad, que son el 30 por ciento del total que emigra, este número es casi idéntico al incremento anual de la fuerza laboral este año. Y los chicos que salen, entre ellos 60 mil que llegaron a la frontera con Estados Unidos solos, representan una cifra similar al aumento anual de la matrícula escolar, la cual ha venido en declive desde 2018.
Por qué irse
La razón fundamental por la que la gente se está yendo es predominantemente económica y las soluciones tienen que ir acompañadas de la precisión y respuesta proporcional al problema.
Quienes tienden a emigrar son personas que vienen de la economía informal, comerciantes, o gente en la economía agrícola, de bajos ingresos. Entre estos están mujeres, jóvenes y receptores de remesas. Sin embargo, el poco desarrollo económico en el país ha generado mayor continuidad migratoria y se ha extendido hasta jóvenes profesionales.
La razón de ser estriba en dos realidades específicas. La primera es que aquellos que se encuentran en un rango de ingreso típicamente inferior a los US$400 mensuales no les da para vivir y deciden emigrar. Segundo, ante la falta de acceso al crédito y al financiamiento para montar negocios, estando en la informalidad no es rentable, y cualquier ahorro o ingreso, especialmente si ganado por remesas, es preferible invertirlo en migrar que en la base productiva del país. La economía informal guatemalteca opera fundamentalmente en mercados saturados, poco competitivos, y en negocios unipersonales, con poca capacidad de generar riqueza. Y no, esto no incluye consideraciones estructurales como el efecto de la extorsión en las comunidades semiurbanas del país, que inciden sobre la decisión de migrar.
Esta ola migratoria ha beneficiado un aumento en el ingreso de moneda externa, mediante el envío de remesas, con una tendencia ascendente gigantesca producto de esa migración a escala. Las remesas no solo pasan de ser del 10 por ciento del ingreso nacional en 2010, 15 por ciento en 2020 y 18 por ciento este 2022, con un número mensual de 1.8 millones de giros por guatemaltecos viviendo en su mayoría en Estados Unidos enviando a un hogar en Guatemala. La discusión sobre las remesas muchas veces se limita a su costo de envío, o a la especulación de alterar la tasa intercambiaria o que proviene de lavado de dinero. En un país con menos de 5 millones de hogares, y casi 2 millones recibiendo remesas en cantidades menores de US$500, 15 veces al año, la realidad es otra.
Abordar soluciones a mano
El impacto de las remesas necesita dimensionarse a diferentes niveles, empezando por la urgencia de introducir políticas de inclusión financiera a este sector. Primero, como transacción financiera, estas transferencias aumentan el ingreso disponible, y la capacidad de ahorro, las cuales pueden formalizarse y aumentar la tasa de ahorro nacional. De hecho, dos tercios de sus receptores no tiene cuentas de ahorro, pero la capacidad de ahorro (informal) de estos hogares es de más de US$800 en reserva, y la formalización de la mitad de esa cantidad aumentaría la generación de activos de estos. Segundo, ese ahorro una vez formalizado puede tener un impacto en la economía local toda vez que se moviliza en crédito para la microempresa reduciendo el tamaño de la economía informal.
Finalmente, la creación de activos y la formalización económica reducen la intención a migrar sustancialmente y reducen los costos de la migración. Aquellos Guatemaltecos que tienen cuentas de ahorro, dinero guardado en el sistema financiero, invertido en activos fijos, como propiedades o negocios formales, no son propensos a migrar.
Por eso la realidad migratoria tiene facetas complejas de la vida en Guatemala, y es que cuando uno logra integrarse completamente en la economía formal, no necesita optar por irse e incurrir en costos. Por eso hay que resolver el acceso a oportunidades de integración. Guatemala tiene 2 millones de empresas, dos tercios o más son negocios informales y unipersonales, de los cuales muchos optan por migrar.
Dentro de esa realidad está el hecho de que no todos los que escogen la ruta de emigrar llegan a su destino final. Desde el 2016, justo después de la crisis de los menores que emigraron, han salido más de 300 mil personas anualmente; pero solo un tercio logra entrar a Estados Unidos, y el resto termina perdiendo su inversión para migrar. La inversión que hace es un cálculo racional de la probabilidad mínima del 30 por ciento de lograr entrar, y obtener un trabajo en menos de seis semanas para rehacer su vida. Esto cuesta al menos US$4 mil, entre ahorros predominantemente y deuda. Pero para el que no lo logra, son cerca de mil millones de dólares anualmente que pudieran ser invertidos en la economía microempresarial del país.
De lo que se trata es fortalecer la relación y el compromiso con el sistema financiero nacional para aumentar el acceso a los receptores de remesas a depósitos, crédito, y seguro, es decir, fortalecer con métodos realistas la inclusión financiera —dejar a un lado el eufemismo de estamos haciendo algo—. Y movilizar ese ahorro en la economía local, empezando por aquellas empresas con mayor probabilidad de éxito; empresas conectadas al ecosistema financiero, como son las tiendas o kioskos de ventas en las comunidades. La integración al ecosistema financiero de estos negocios, introduciendo tecnología digital, reduce la informalidad, el riesgo al fraude financiero y tributario, así como también aumenta la productividad económica. Una campaña nacional de inclusión financiera a 1 millón de guatemaltecos captaría al menos US$2 mil millones en ahorros, que colocados en créditos en alianza con las cooperativas de ahorro y los bancos aumentaría la tasa crediticia en un 10 por ciento y reduciría el riesgo financiero al estar apalancando los créditos con los ahorros formalizados.
Es importante modernizar incluyentemente a Guatemala, apalancar las remesas, hacer de la migración una opción competitiva, no una necesidad, y fortalecer la generación equitativa de la riqueza del país. El resultado no solo reducirá la migración en un alto número, sino también aumentará la confianza en la economía local.