La propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos ha puesto nuevamente en el tapete de la discusión pública este polémico asunto. Discutir acerca de las bondades y dificultades de la votación por listados abiertos, la independencia y fortaleza institucional del TSE y el financiamiento de los partidos políticos es, sin duda, un ejercicio urgente y necesario para nuestro país. Sin embargo, desde una perspectiva mucho más amplia, tal tipo de discusión, aunque desembocara en las mejores reformas posibles a la referida ley, resulta insuficiente y tardía para frenar el avanzado deterioro que ha sufrido nuestra democracia a lo largo de los años. Más que una reforma electoral, lo que Guatemala necesita es una reforma democrática. Elegir cada cuatro años a los representantes del pueblo, los mecanismos de financiamiento y control de los partidos políticos y demás aspectos procedimentales del sistema electoral son tan solo un pequeño subconjunto de todos los elementos que conlleva una democracia funcional. Una verdadera reforma democrática implicaría cambios profundos que le devuelvan al votante todos los derechos que nominalmente deberían asistirle en un sistema democrático.
Siendo totalmente pragmáticos, en su estado actual el único derecho que asiste al ciudadano es votar cada cuatro años para elegir autoridades y partidos políticos. Fuera de esto, el resto de las instancias, mecanismos y ambientes en donde se ejerce y reparte el poder están copados por los partidos políticos, sus organizaciones satélites en la sociedad civil y grupos afines paralelos a la estructura partidaria. Poco o ningún protagonismo decisivo tienen los ciudadanos en los mecanismos de toma de decisiones públicas, rendición de cuentas de las autoridades, formulación e implementación de los presupuestos públicos o fiscalización del quehacer gubernamental o de los partidos políticos. Existe una palpable sensación de que la democracia ha sido incapaz de proteger a los ciudadanos de los devastadores efectos de la intromisión de los intereses políticos a todo nivel de la estructura pública, derivando esto en una notoria incapacidad del Estado para responder a las necesidades ciudadanas, corrupción galopante, clientelismo, oportunismo, improvisación y desinformación. Resulta importante discutir reformas puntuales a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pero más importante sería discutir acerca de cómo fortalecer el sistema de pesos y contrapesos en el uso del poder y cómo lograr una democracia más justa, fuerte e inclusiva.