La crisis energética derivada de la guerra de Ucrania y sus consecuencias económicas está provocando que veamos a políticos nacionales e internacionales defendiendo medidas que, al menos a primera vista, podrían chocar con lo que tradicionalmente han sido el signo de identidad de sus siglas. Esta semana hemos tenido una prueba de ello. La conservadora Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha presentado su propuesta para crear un impuesto para las compañías energéticas que grave los beneficios extraordinarios derivados del encarecimiento del gas. Una propuesta que el Gobierno de Pedro Sánchez interpreta como un espaldarazo a su política económica y que utiliza para atacar a un PP de Feijóo que ha votado en contra de los impuestos a las energéticas y a la banca propuestos por PSOE y Podemos. Y lo contrario ocurrió hace solo unos días cuando distintos ministros del Ejecutivo de Sánchez se esmeraron en argumentar en contra de la propuesta de los populares de bajar el IVA del gas, medida que después el presidente asumió como propia. Del mismo modo que aceptó la propuesta de los populares de permitir a la industria de la cogeneración beneficiarse del tope de gas, e incrementar la retribución a la electricidad que producen. Lo que en el fondo se está demostrando es que estamos ante una situación excepcional ante la que hay que adoptar medidas excepcionales que probablemente pillen con el pie cambiado a algún que otro político. Y lo que significa también es que la derecha y la izquierda pueden ponerse de acuerdo, aunque no les interese en año preelectoral, porque en estos momentos pueden ser necesarias medidas trasversales. No pasa nada por exigir un esfuerzo a las empresas que están teniendo beneficios extraordinarios con la guerra de Ucrania, por muy de derechas o muy liberal que sea uno, y no pasa nada por ayudar a la industria de cogeneración o a otras empresas, por muy de izquierdas que uno se crea. Es cierto que si la medida parte de Bruselas es mucho más fácil lograr que haya acuerdos a nivel nacional. Entre otras cosas porque si las subidas de impuestos se diseñan a nivel europeo, no provocaremos problemas de competitividad a las compañías nacionales. No es igual subir solo los impuestos a las empresas o los bancos españoles, que también a sus competidores europeos. Para que sea más asumible para todos y cuente con una amplia mayoría de apoyos parlamentarios lo lógico es que el Gobierno modificará los parámetros del impuesto que ha diseñado para adaptarlo a la propuesta europea. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha manifestado en este sentido y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aseguró el pasado viernes que seguirán adelante con el impuesto y que podrían modificarlo cuando Europa le diera el visto bueno al suyo. Sinceramente, creo que harían bien en cambiar desde un primer momento el diseño del tributo para que en lugar de gravar la facturación, grave los beneficios extraordinarios, como plantea la UE. Argumenta el Gobierno español que los beneficios se pueden maquillar… Y que si lo que se grava es la facturación, ahí no hay nada que esconder. Pero eso es perverso ya que se estaría castigando o tratando del mismo modo a las empresas que invierten que a las que no. Y si lo que está sugiriendo el Gobierno es que las empresas camuflan los beneficios, lo que deberían hacer es enviarles a los Inspectores de Hacienda, porque estarían cometiendo un fraude. Lo dicho, mejor haría el Ejecutivo en adaptarse cuanto antes a la propuesta europea. Un impuesto para compensar la subida de la energía La UE pretende recaudar 140.000 millones de euros con un gravamen sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Los fondos recaudados serían finalistas, para compensar a los más vulnerables por la factura de la luz y de los combustibles