Las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán se pronunciaron ante la nueva iniciativa 6155 “Ley para el uso racional y legítimo de la fuerza” por las fuerzas de seguridad, propuesta por los diputados Boris España y Vitelio Lam, la cual señalan que solo es una versión actualizada de la iniciativa 6076.
Según el pronunciamiento, luego de la revisión realizada “esta iniciativa presenta una redacción más articulada y coherente” e incorpora dos capítulos referidos a la gradación del uso de la fuerza y a un proceso disciplinario y sancionatorio por excesos en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil, el Ejército y Guardia Penitenciaria, pero abarca el mismo sentido, objeto y ámbito de la Iniciativa 6076.
Además, consideran que la amenaza de que esta norma sirva para reprimir o coartar expresiones de protesta ciudadana es permanente. Este d
En el comunicado señalan que la nueva iniciativa contempla que su ámbito de aplicación será cuando “exista una amenaza o vulneración del orden público, la seguridad ciudadana y la protección de los DDHH”.
Asimismo, mencionan que lo rescatable de la Iniciativa 6155 es que incorpora un capítulo de responsabilidades donde los mandos de seguridad deberán velar porque el uso de la fuerza por parte de sus subordinados sea bajo las normas constitucionales y los acuerdos internacionales y en caso de incumplimiento deberán activar el proceso disciplinario y sancionatorio.
Sin embargo, concluyen que esta es una versión actualizada de la 6076 y esperan que al remitirse a la comisión específica, se le de un dictamen desfavorable y se retire del debate legislativo.
Recuerdan compromiso
Los 48 Cantones recordaron que la presidenta del Congreso, Shirley Rivera “dio su palabra a la Junta Directiva de los 48 Cantones que no se volvería a someter a discusión la iniciativa 6076 con sus respectivas enmiendas”.
La iniciativa fue presentada el 19 de octubre por los diputados Boris España y Vitelio Lam.
La presidenta del Legislativo, Shirley Rivera había prometido a los comunitarios ya no conocer la iniciativa 6070, sin embargo, argumentó que por recomendación del área jurídica debía ser enviada a consulta a la Corte de Constitucionalidad.
Esa iniciativa establecía beneficios para los agentes policiales que enfrenten un proceso penal por usar la fuerza contra los ciudadanos, como el arresto domiciliario y la defensa gratuita.