La Ley Temporal de Desarrollo Integral, mediante la cual el Congreso aprobó un aporte económico de Q36 mil a cerca de 95 mil personas que dicen haber prestado sus servicios al Ejército, es el más vivo ejemplo del tipo de gasto público que no tiene justificación económica y social alguna. A diferencia de las transferencias monetarias condicionadas, que en el mundo ideal de sus impulsores deberían haber servido para mejorar el bienestar de las familias más pobres, los Q3.5 millardos que cuesta esta ley en poco o nada contribuirán a promover el desarrollo de Guatemala. Por más que el articulado de la ley contemple ingeniosos programas de desarrollo, la realidad es que del Mides y del MARN como garantes de la implementación y monitoreo de la misma no se puede esperar absolutamente nada, salvo el manejo de los fondos con fines clientelistas y electorales. El apoyo que desde el presupuesto público se brindó a ciertos estratos de la población al inicio de la pandemia fue, hasta cierto punto, enteramente justificable. Si por disposiciones gubernamentales, acertadas o no, la gente no podía salir de sus casas a ganarse la vida ni los negocios abrir sus puertas al público, hasta obligatorio era que el Gobierno los apoyara con transferencias monetarias directas, incluso si tal tipo de apoyos se hubieran financiado con deuda pública. Finalmente, esa es una de las razones que justifican el endeudamiento: evitar drásticas reducciones en el consumo durante los malos tiempos, a cambio de pagar los compromisos adquiridos cuando las circunstancias mejoren.
Lo que no se puede justificar bajo ningún punto de vista es utilizar el presupuesto público como piñata y regalar dinero a diestra y siniestra a cuanto grupo de presión lo demande, sobre todo tal y como ha venido sucediendo desde hace varios años, cuando los fondos para estos programas provienen de nuevo endeudamiento público, y cuando este tipo de programas obedecen a puros intereses políticos y no a consideraciones de rentabilidad social o reducción de la pobreza o la desigualdad. Y más grave todavía, cuando no existe forma alguna de limitar la concesión de estas prebendas por parte de los políticos de turno. La aprobación de esta ley ha demostrado que la extorsión es un buen negocio: basta con tener suficiente capacidad de intimidación para trasladarles a otros la obligación de pagar por los caprichos de quienes amenazan con la violencia. La diferencia con el otro tipo de extorsión, la que sufren a diario miles de guatemaltecos, es que esta termina siendo legalizada gracias al contubernio con la clase política.