Las invasiones a terrenos privados, gubernamentales, ejidos municipales, áreas verdes, etc. así como a una vivienda no habitada, significa inseguridad jurídica; familias necesitadas y desesperadas por un lugar donde vivir que actúan ilegalmente por falta de respuesta oportuna del estado ante la escasez de viviendas, aunado a la debilidad en los mecanismos existentes para proteger la propiedad privada.