Guatemala vive un “profundo deterioro” en su libertad de prensa debido a “las acciones del Gobierno” y en “especial del Ministerio Público (Fiscalía) y del Congreso”, según un informe aprobado este domingo durante la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
“Desde el inicio de su gestión, el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha tenido una relación tirante con la prensa independiente. Cualquiera que opine diferente es considerado un enemigo, opositor o agitador”, puntualizó el informe anual de la entidad sobre la nación centroamericana.
La SIP recordó que “en este ambiente de animadversión contra la prensa, el Ministerio Público (MP) arremetió contra destacados periodistas críticos, conocidos por su constante denuncia sobre hechos de corrupción pública” y estatal.
“El caso más flagrante es el encarcelamiento de José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, y de Flora Silva, la gerente financiera de elPeriódico, un matutino que investiga y denuncia corrupción”, resaltó el informe.
Zamora fue detenido el 29 de julio pasado en su residencia acusado de lavado de dinero por el Ministerio Público, cuya jefa y fiscal general del país, Consuelo Porras, fue sancionada en 2021 por Estados Unidos debido a “obstruir” la Justicia en Guatemala.
El reconocido periodista fue arrestado solo cinco días después de fuertes críticas de corrupción contra el Gobierno de Giammattei y su círculo más cercano de confianza en las páginas del diario que preside.
El proceso judicial en contra de Zamora continuará en diciembre próximos después de que en agosto pasado fuera imputado un juez, quien ha sido señalado por varios analistas de estar vinculado al grupo de extrema derecha Fundación Contra el Terrorismo.
“Los ataques contra la prensa se originan con acusaciones por supuestos delitos desde el Ministerio Público o por parte de organizaciones como la oficial Fundación contra el Terrorismo (FCT), que conducen los abogados Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, incluidos recientemente en la Lista Engel de EE.UU., acusados de obstrucción a la Justicia”, aseguró la SIP.
La entidad regional denunció “la estrategia del Ministerio Público sobre casos de alto interés de la ciudadanía”, la cual “ha sido mantenerlos ‘bajo reserva’ (figura jurídica en Guatemala que evita la divulgación de datos), con lo cual no entrega ninguna información ni confirma que el caso exista”.
La SIP recordó también que, según la Asociación de Periodistas Guatemaltecos (APG), durante los primeros seis meses de este año se registraron 66 violaciones a la libertad de expresión en la nación centroamericana.
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