La semana pasada hubo un debate sobre un gráfico con datos del Banco Mundial del 2014 o más adelante que planteaba que la pobreza era mayor en Guatemala que en Haití. A pesar de un huracán de descalificaciones que iban desde mulas o intelectualoides extranjeros hasta oenegeros, mentirosos o chairos, el debate dio lugar a dos conclusiones válidas, creo que compartidas por los dos principales grupos en discordia. Primero, no es válido comparar datos de pobreza entre países cuando se basan en líneas de pobreza nacional (definidas en cada país como el mínimo de consumo o de ingreso para asegurar una vida adecuada), porque cada país define esa línea de manera diferente. Segundo, en torno al 2014 más de la mitad de los guatemaltecos estaban en una situación de pobreza, solo detrás de Haití, cuando se estimaba con base en líneas internacionales de pobreza que sí eran comparables.
El debate dio lugar a interpretaciones divergentes y conflictivas acerca de cómo evaluar los datos del 2014 y lo ocurrido después. Podría haber sido más constructivo si el Ministerio de Economía y el INE hubieran cumplido su tarea: estimar la pobreza recientemente. No lo hicieron: no quisieron hacer peligrar la visión de economía pujante divulgada por el Cacif.
El primer grupo, asociado a la Universidad Marroquín, considera que la proporción de pobres en 2014 era menor a la estimada con la línea nacional de la pobreza. Argumentan que se exageró la inflación de los alimentos y con ello se redujo artificialmente la estimación del ingreso de los pobres. Al corregirse la estimación de la inflación, el ingreso real de los pobres sería mayor. La proporción de personas pobres sería menor al 59 por ciento, estimada con la línea nacional de la pobreza. Según la estimación del Banco Mundial basada en utilizar la línea internacional de la pobreza, que consideran válida, la proporción de pobres en 2014 habría sido del 55 por ciento.
El otro grupo busca contar con una apreciación más actualizada de la pobreza. Muestra que la inseguridad alimentaria, medida por el acceso a alimentos por parte de las familias, empeoró durante la pandemia y posteriormente en casi todos los departamentos. También acude a un indicador de pobreza multidimensional basado en el censo del 2018. Este mide el acceso a educación, salud, vivienda y otros servicios, y establece que este tipo de pobreza afecta a más del 60 por ciento de los guatemaltecos.
El problema fundamental es que no tenemos una medición precisa y actualizada de la pobreza monetaria. No acudir a estadísticas es navegar sin brújula y favorecer el conflicto al no contar con un lenguaje común para identificar problemas. Grave falta del Ministerio de Economía y del INE. La propuesta de convocar a una mesa técnica para debatir estos temas se justifica. Y a los próximos candidatos presidenciales habría que exigirles el compromiso de estimar la pobreza periódicamente y de dar a conocer su estrategia para reducirla.
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