Muy doloroso resulta ver a jóvenes atletas manifestándose frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) reclamando sus derechos. Denunciando públicamente que el entuerto legal en el que se halla envuelto el deporte olímpico les impide “cumplir con sus sueños”. Este es un reclamo justo, así como también sería justo recordar a estos atletas que cada derecho conlleva una obligación, y en este caso la obligación va más allá de dar lo mejor de sí al representar a Guatemala y respetar los más altos estándares y principios éticos en la práctica de su deporte. Cuando cumplir con un determinado derecho conlleva el uso de fondos públicos, en este caso multimillonarios montos que el Tesoro Nacional traslada religiosamente a la CDAG y el COG, tan importantes son los anhelos de los deportistas como la rendición de cuentas satisfactoria de lo que se hace con estos fondos públicos. Para quienes detrás de bambalinas orquestan este culebrón resulta muy fácil poner a jóvenes atletas en la línea de fuego; utilizar el prestigio e inocencia de muchos de ellos para provocar sentimientos de solidaridad dentro del gran público y desviar la atención del verdadero cáncer que corroe al deporte nacional.
Otra cosa muy distinta sería que quienes verdaderamente ostentan el poder en el deporte nacional fueran los que protestaran frente a la CC con cartelones alegando que la situación actual les “trunca sus sueños”. No se dan cuenta los quejosos atletas de que los intereses de los grupos en pugna, en el mejor de los casos, coinciden de manera transitoria y tangencial con el de los atletas y que en la mayoría de los casos son opuestos al sano desarrollo del deporte nacional. En su frustración y desesperación, todos los atletas de alto rendimiento, y sus familiares, probablemente sin tener conciencia de ello, terminan siendo útiles para una nomenclatura dirigencial que ha hecho del financiamiento público del deporte un modus vivendi. El ejercicio de una ciudadanía responsable demandaría de estos atletas su más fuerte denuncia y repudio a los malos manejos y abusos que han caracterizado al deporte nacional. Es momento para demandar mayor transparencia en el uso de los fondos públicos que por obligación constitucional se transfieren al deporte; exigir participación directa en los procesos de elección a los cargos federativos; pelear por mejores mecanismos de rendición de cuentas por parte de las autoridades deportivas. Situación que no cambiará mientras nuestro deporte se siga estructurando de la misma forma y los atletas sigan volteando a ver hacia otro lado como que nada estuviera pasando.