Desde hace 20 años, las carreteras nacionales se han caracterizado por su estado deplorable. Es común que año con año, con la llegada de la época de lluvias, las mismas se deterioren aún más, volviéndose muchas veces intransitables y, en algunos casos, lleguen literalmente a desaparecer. Esto se debe a una serie de factores que van desde legislación complicada, incapacidad de las autoridades hasta un sistema que propicia la corrupción.
Con la firma de los Acuerdos de Paz a finales de 1996, se modernizó el sistema de construcción de infraestructura a cargo del Ministerio de Comunicaciones (Micivi). Siguiendo las corrientes económico-ideológicas que imperaban en esas épocas en América Latina, la Dirección de Caminos fue reducida al mínimo y se trasladó la responsabilidad a constructoras privadas. En este contexto se crea Covial, para que, a través del Fondo Vial, que se financiaba con impuestos específicos, se encargara del mantenimiento de las carreteras. Este sistema dio buenos resultados, pero con la llegada del gobierno eferregista la corrupción y el clientelismo se apoderaron del mismo. Sumado a esto, presiones de diferentes grupos hicieron que en 2010 el financiamiento del Fondo Vial fuera modificado, reduciendo los recursos destinados al mantenimiento de la red vial.
Si bien es cierto que Guatemala sufre de forma severa los efectos del cambio climático y que la temporada de lluvias se ve influenciada por los fenómenos de El Niño y de La Niña, esto no debe ser excusa para que con la llegada de cada invierno las principales carreteras se vuelvan intransitables. Por el contrario, las autoridades del Micivi y de Covial deberían tener planes de contingencia para prevenir y afrontar ese tipo de eventualidades. De todos es sabido que para ello es indispensable que estas instituciones no sean un botín político para premiar a los financistas y allegados del partido oficial de turno. Sumado a esto, las autoridades deben asumir su liderazgo y cumplir con su mandato y no trasladar su responsabilidad en el mantenimiento de la red vial a las municipalidades, ya que estas no tienen esa competencia.
El nombramiento de funcionarios capaces, que tengan las credenciales académicas, el conocimiento práctico, así como una reforma profunda a la Ley de Contrataciones del Estado, son imperativos para que se pueda contar con las carreteras necesarias, tanto en el número de kilómetros como en calidad, para llevar el desarrollo y la competitividad a todo el país.