Señalemos de entrada que el gobierno de la autocracia madurista ha sobrepasado negativamente cualquier experiencia histórica relativa al tratamiento de los sueldos y salarios de los trabajadores, jubilados y pensionados de Venezuela. Se han extralimitado más allá incluso de los añejos argumentos de los programas de estabilización del Fondo Monetario Internacional, FMI, que en los años ochenta y noventa del siglo pasado, al ordenar reiteradamente la reducción del gasto público, suponía una contención de aumentos salariales en términos reales.