Jimmy Morales y Giammattei no desmantelaron la democracia de un solo golpe. Lo han hecho paulatinamente, de manera casi imperceptible, mediante actos en apariencia aislados, y sin consecuencias políticas ni legales.
El 3/9/18 la CC ordenó al Estado cumplir el Acuerdo de la CICIG, hasta su vencimiento el 4/9/19. En el Acuerdo —de jerarquía Constitucional por los compromisos nacionales e internacionales del Estado de Guatemala en materia de derechos humanos— el Gobierno se obligó a garantizar la libertad de movimiento de los integrantes de la Comisión, “sin restricción alguna”.
Pero el 5/9/18 J. Morales prohibió el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez. La desobediencia al máximo tribunal constitucional continuó el 18/12/18. Sandra Jovel ordenó a la Cancillería no renovar las visas de funcionarios de la CICIG, mientras que el 5/1/19 Enrique Degenhart, encargado de Gobernación, impidió la entrada al territorio nacional de un investigador de la Comisión.
En ese mismo Acuerdo, el Estado se comprometió a proporcionar seguridad a la Comisión; sin embargo, el 31/8/18 Degenhart sembró de manera intimidatoria una caravana de jeeps J8 (donados por EE. UU. para operaciones antinarcóticas) en las afueras de la sede de la CICIG, y el 23/1/19 retiró los agentes de la PNC que resguardaban las instalaciones de la Comisión.
Fueron cinco actos de desobediencia de una sentencia de la CC cometidos en poco más de cuatro meses. Ahí se rompió la Constitución. J. Morales y sus ministros siguen impunes. Según la Ley, incumplir una resolución de la CC es “causa legal de destitución” del funcionario y de “otras sanciones establecidas”. El MP es corresponsable malicioso.
En agosto de 2019 vino el acuerdo de “tercer país seguro” que firmó Degenhart, sin competencia, ante la mirada patronal de Trump en la Casa Blanca; el documento nunca fue sometido al Congreso como lo instruyó la CC.
Hasta que en 2021 la CC fue capturada por el Pacto de Corruptos, la desobediencia al tribunal Constitucional se extendió al Congreso y a la misma CSJ, que contradijo al menos una de sus resoluciones.
Por otro lado, hoy se cumplen tres años de la usurpación de las Cortes del Organismo Judicial. Otros que de manera flagrante transgredieron la Constitución. La República quedó desnuda de legalidad, pero mantenemos la pantomima. Mientras, encarcelan arbitrariamente a quien se les viene en gana. Roban cuanto quieren. Cada desastre ecológico es muerte y miseria para el pueblo, y excusa de saqueo para el Pacto de Corruptos.
En esa dirección de desmantelar procedimientos y normas de la República, se tramita de forma exprés la iniciativa de ley 6141 para comprar a los alcaldes con vistas a las elecciones de 2023. Capturadas todas las instituciones, el objetivo es prolongar su poder. Y para Giammattei todo se vale, incluyendo piñatear el Presupuesto de la Nación, como ocurrió otra vez ayer en el Congreso.
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