En los últimos tres meses un manojo de líneas aéreas han elevado los precios de los boletos aéreos para viajar dentro de Centroamérica. Aumentaron sus precios en un 50 por ciento o más. Siguen una tendencia mundial, que en parte responde a los aumentos de precios de combustibles, pero en Centroamérica abusan. El aumento de los precios de combustibles no justifica un aumento tan brutal de los pasajes.
No compensa este abuso una iniciativa de los gobiernos centroamericanos de “facilitación del comercio”, que ahora busca reducir los impuestos cobrados en los aeropuertos. Es una posible reducción de impuestos que en el fondo autoriza a las líneas aéreas para que sigan cobrando más, bastante más, mediante el ejercicio de su poder de mercado para exprimir a pasajeros que no tienen ninguna protección.
Está bien que los gobiernos armonicen los impuestos y otras normas en Centroamérica para facilitar los viajes y el intercambio dentro de la región. Pero en un caso como este hay que tener claro que el principal origen del aumento de los precios de los boletos es el simple abuso de las aerolíneas. Operan sin controles. No hay protección del consumidor. No hay competencia. Estas empresas fijan sus precios de manera conjunta. Es como si fueran un monopolio.
¿Qué puede hacerse frente a este abuso del poder de mercado, similar al que ejerce un monopolio? Se requiere una política de competencia. En este caso, en que un servicio como el transporte aéreo se suministra a nivel regional, se justifica una política de competencia centroamericana.
Hace dos años las autoridades centroamericanas, representadas en el caso de Guatemala por un viceministerio de Economía, aprobaron un “reglamento” sobre la competencia, pero es un reglamento sin dientes, simbólico. A diferencia de una verdadera ley de competencia, como la europea, con la capacidad de aplicar sanciones a poderosas empresas como Google, el reglamento aprobado en Centroamérica es una farsa. No comprende a una entidad centroamericana capaz de evaluar el grado de competencia en la región. Tampoco comprende a una autoridad con la capacidad de aplicar sanciones cuando las empresas se ponen de acuerdo para evitar la competencia y cobrarle precios altos al consumidor.
No sorprende la ausencia de una ley de competencia en Centroamérica. La oposición ha sido feroz en Guatemala. Ha sido imposible avanzar con la aprobación de una ley nacional de competencia. Se oponen los grandes consorcios familiares acostumbrados a abusar de los consumidores con base en barreras que impiden la competencia: acuerdos sobre precios, canales de distribución exclusivos y masivas campañas publicitarias. Una verdadera política de competencia es parte de una agenda que hay que construir para el futuro, cuando las mayorías realmente tengan la capacidad de gobernar y de protegerse frente a los abusos de minorías con gran poder económico y acceso privilegiado al poder político.
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