El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), se pronunció mediante un comunicado sobre los desalojos, represión y militarización de pueblos mayas Q’eqchi’ y Poqomchi’ en el municipio de Purulhá, Baja Verapaz, donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército rodean y ejecutan desalojos violando derechos humanos y ancestrales de las comunidades.
El comunicado señala que las violaciones a los derechos humanos se están dando en comunidades que cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los despojos se llevan a cabo con la presencia de cientos de militares y efectivos de la PNC, provocando una interdicción del territorio de Purulhá y otras áreas de la Sierra de las Minas, señalaron “en la comunidad de Pacón hirieron con proyectil de arma de fuego a una persona”.
Según CALDH las fuerzas de seguridad señalaron que se quedarán en el lugar entre ocho y 15 días.
“Desde el fin de semana diversas comunidades alertaron sobre la excesiva presencia de militares y PNC, los cuales fueron rodeandolos y cerrando el paso al estilo de los años de guerra”, enfatiza CALDH.
La entidad de Derechos Humanos comenta que con dichas acciones se está impidiendo que las familias se desplacen a vender sus productos para abastecerse de alimentos y con ello generan temor, en especial en niños y niñas.
“Nos solidarizamos con las comunidades en resistencia de la Sierra de las Minas que históricamente han defendido su derecho a permanecer en el territorio que les pertenece y se enfrentan nuevamente a políticas represivas de este gobierno que beneficia a los finqueros”, remarca la CIDH
La institución hace un llamado a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) a garantizar los derechos individuales y colectivos, así como a pronunciarse al respecto y verificar el estado de las personas y sus derechos. Así también al Ministerio de Gobernación (Mingob) que respete los derechos de los pueblos mayas como parte de los compromisos del Estado de Guatemala.
El medio Prensa Comunitaria, en sus redes sociales denunció la movilización de las fuerzas de seguridad para el desalojo de las comunidades de Pancoc, Monjonc, Moxanté, Calijá, Washington y Dos Fuentes. Se han denunciado amenazas de desalojo y detenciones de habitantes Q’eqchi y Poqomchi.