Este miércoles se ha dado a conocer la muerte de Javier Biosca, el principal investigado por la presunta estafa con criptomonedas cometida por el grupo empresarial Algoritmhmics y que investiga la Audiencia Nacional. Biosca, que según su representante se habría suicidado, se encontraba en libertad desde hacía tres semanas, después de que depositase la fianza de un millón de euros fijada por el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1. Claves de la estafa Biosca y su familia crearon un negocio dedicado a las inversiones en criptomonedas en 2019 pero que carecía de todo tipo de autorizaciones, dado que no estaba inscrito, por ejemplo, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según los testimonios recabados por la Asociación de afectados por las criptomonedas, que llegaron a plasmarse en un escrito enviado al juzgado, Biosca se presentaban a los potenciales clientes diciendo que «a través de un trabajador que había contratado del Grupo Inditex llegó a controlar un algoritmo matemático con el que (…) conseguía rendimientos increíbles». El ya fallecido garantizaba una rentabilidad del 20 o 25% semanal, al menos al principio, gracias a lo cuál se corrió la voz entre familiares y amigos de los primeros clientes y el negocio pasó rápidamente de 30 inversores a los 500. Biosca estaba acusado de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público, delitos que habría perpetrado a través de la empresa Algoritmhmics Group captando desde 2019 a inversores particulares que querían obtener altos intereses en el mercado de las criptomonedas. ¿Cuánto dinero ha estafado? El perjuicio rondaría los 500 millones de euros y habría más de 750 perjudicados. ¿Qué pasa en caso de fallecimiento? La Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal contemplan la extinción tanto de la acción como de la responsabilidad penal en caso de fallecimiento del investigado. En esta causa, en concreto, el magistrado también investiga a la mujer y al hijo del bróker de Algoritmhmics, que en sus declaraciones afirmaron desconocer los negocios de su marido y padre y fueron puestos en libertad pero sin pasaporte.