El Banco Central Europeo (BCE) toma cartas en el impuestazo del Gobierno de Pedro Sánchez contra la banca española . La institución ha emitido un dictamen, firmado por Christine Lagarde , con la dureza esperada por el sector financiero. Advierte sobre el impacto en la concesión de crédito, la rentabilidad, la solvencia, la competencia… y lanza el aviso de que las entidades deben repercutir el gravamen , algo que prohíbe la proposición de ley. Pese a todo, el Gobierno no planea dar marcha atrás de ninguna manera en el tributo, que se encuentra ahora en tramitación parlamentaria y está en manos de los partidos políticos. El Ejecutivo justifica el gravamen en que la banca está recibiendo ‘beneficios caídos del cielo’ gracias a las subidas de tipos de interés del BCE. Sin embargo, el supervisor echa por tierra el argumento: «Se ha demostrado que los ingresos netos por intereses suelen aumentar a medida que aumentan los tipos de interés oficiales, y este efecto es mayor cuanto menor sea el peso de los préstamos a largo plazo y, respecto a estos, cuanto menor sea la proporción de operaciones a tipo de interés fijo. No obstante, este efecto puede compensarse con un menor volumen de préstamos, por pérdidas en la cartera de valores y aumentos en las provisiones como consecuencia del deterioro de la calidad de la cartera de crédito». En este sentido, la institución añade que el gravamen p one en riesgo la efectividad de la política monetaria : «Dado que la determinación de los destinatarios del gravamen temporal atiende a los ingresos totales por intereses y comisiones correspondientes a 2019, es posible que estas entidades registren unos beneficios bajos o pérdidas en el momento en que se recaude de forma efectiva el gravamen. Si la capacidad de las entidades de crédito para alcanzar posiciones de capital adecuadas se ve perjudicada, esto podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria a la economía». La concesión de crédito, en riesgo La concesión de crédito, asimismo, está amenazada, según recoge el BCE tomando como referencia dictámenes que ha emitido sobre impuestos similares en otros Estados miembros, como ocurrió con Lituania hace escasos años. «El BCE ha manifestado que no sería deseable utilizar los ingresos procedentes de los impuestos recaudados de las entidades de crédito con fines presupuestarios generales si, y en la medida en que, de este modo, las entidades de crédito fueran menos resilientes a las perturbaciones económicas y, en consecuencia, limitaran su capacidad de conceder crédito, empujándolas a ofrecer condiciones menos favorables a los clientes al conceder préstamos y otros servicios«, afirma la opinión del organismo. Sobre este último punto, el BCE incide en que una restricción del crédito y los servicios que se ofertan depararía un efecto negativo sobre el crecimiento económico. Es por ello que exige al Gobierno de Sánchez «un análisis exhaustivo» sobre las consecuencias para la banca de este impuesto; especialmente en cuanto a su rentabilidad, solvencia y concesión de crédito, algo que el Ejecutivo no ha realizado. Se debe repercutir el gravamen Más allá de ello, el supervisor insiste en que este impuesto supondrá una traba adicional para aquellas entidades financieras que en determinado momento puedan encontrarse en una situación de apuro. Y que es una amenaza para la libre competencia al afectar a unos bancos y a otros no. «La base sobre la que se establecería el gravamen temporal no tiene en cuenta todo el ciclo económico y no comprende, entre otros, los gastos de explotación ni el coste del riesgo de crédito», afirma el dictamen. Y lanza un dardo al Ejecutivo a costa de la prohibición a la banca de repercutir el impuesto; en suma, obliga a las entidades a cargar todos los costes, incluidos los impuestos, en los productos y servicios que presta a sus clientes. «El BCE espera, en general, que las entidades de crédito, de conformidad con las buenas prácticas internacionales, tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda», asegura. El detalle del impuestazo El Gobierno anunció a mediados del verano la imposición de este nuevo gravamen sobre el sector financiero, con el que espera recaudar alrededor de 1.500 millones de euros anuales entre 2022 y 2023. Una medida que ha contado desde el principio con el rechazo frontal de la banca y ahora también del supervisor del gremio. El gravamen, tal como está diseñado en la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos , recaerá sobre los márgenes de su negocio financiero. Es decir, sobre los intereses y las comisiones. En concreto, el diferencial entre lo que percibe la entidad y lo que paga la misma en cada uno de los dos conceptos. El tipo a aplicar sobre ello será del 4,8% y el umbral a partir del que se aplicará será en este supuesto de 800 millones de euros. Asimismo, se aplicará sobre grupos fiscales consolidados; quedarán fuera de la imposición las operaciones intragrupo; y se excluyen las operaciones de filiales en el exterior. Asimismo, el gravamen no será deducible en el Impuesto sobre Sociedades.