El Partido Popular está convencido de que los nuevos gravámenes del Gobierno a la banca, las energéticas y las grandes fortunas están condenados a ser tumbados por los tribunales y quiere aprovechar el trámite de enmiendas a la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos -el discutible vehículo jurídico que el Gobierno ha escogido para crear tres nuevos impuestos- para dar al Ejecutivo una última oportunidad de dar marcha atrás, retirar su controvertido proyecto legislativo y alinearse con la propuesta formulada por la Comisión Europea a través de un reglamento, que, han recordado este jueves, es de obligatorio cumplimiento para todos los países miembros. Según los populares, de no cambiar el paso el Gobierno conducirá a sabiendas al Estado a un callejón sin salida , en el que la fragilidad jurídica de estos gravámenes determinará probablemente su anulación y la recaudación obtenida deberá ser reintegrada en el futuro con intereses a las empresas a las que ahora se pretende penalizar. «Estos gravámenes van a ser impugnados con toda probabilidad, existe un riesgo elevado que sean contrarios al Reglamento de la Comisión Europea y el gran problema es que serán los españoles los que después los tendrán que pagar», han advertido los populares este jueves. «Lo que exigimos es que si el Gobierno quiere seguir adelante se haga responsable de lo que pueda ocurrir si estos nuevos gravámenes acaban siendo declarados ilegales». El PP ha subrayado que esta advertencia no responde a ninguna confrontación política. Recuerdan que tanto el gravamen a la banca como el de las energéticas no se parece en nada al gravamen de solidaridad diseñado por la Comisión Europea, que restringe su radio de acción a petroleras y gasistas; que ya son varios los juristas y fiscalistas que han advertido sobre la potencial inconstitucionalidad de esos gravámenes; y que el gravamen a las grandes fortunas que se pretende meter como una enmienda a esta proposición de ley también presenta vicios de inconstitucionalidad. Aseguran que las empresas afectadas del sector eléctrico y de la banca con las que han tratado el asunto tienen la intención de recurrir los gravámenes y están convencidas de su ilegalidad. Por todo ello, sus enmiendas a la proposición de ley de PSOE y Podemos plantean básicamente instaurar en España el gravamen de solidaridad planteado desde la Comisión Europea y liberar por tanto de nuevos impuestos tanto a la banca como al sector energético. «No se trata de librar de impuestos a ningún sector, sino de no exponer al Estado y a los contribuyentes a una factura millonaria por un objetivo puramente recaudatorio. Esto no va de recaudar sino de distribuir», aseguran desde el PP. Los populares asumen el argumento de Bruselas de que el tope al gas ya limita los beneficios que pueden obtener las eléctricas y de que la contribución de la banca debe ser negociada «como ya se hizo con éxito en 2012 con el Código de Buenas Prácticas».