Los paros que los pequeños transportistas realizaron en marzo y que pusieron en jaque la economía española tendrán una segunda toma justo antes de la Navidad. La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, anunció ayer nuevas movilizaciones que darán comienzo el próximo lunes (medianoche del domingo) y se desarrollarán de manera indefinida. ¿El motivo? Aseguran que los cargadores (las empresas de la distribución) incumplen con la ley aprobada por el Gobierno a finales de agosto que impide pagar a los camioneros por debajo de coste. El Ejecutivo y la economía ya tiemblan ante el fantasma de unas protestas que d ejaron más de 600 millones de euros en pérdidas tan solo en su primera semana. Aunque todavía no se ha sumado ninguna otra asociación a los convocantes, las movilizaciones prometen ser tan agitadas como en la anterior ocasión. Son minoritarios, pero capaces de bloquear los principales centros logísticos y de distribución de todo el país, como demostraron en marzo en el puerto de Barcelona y en algunas de las principales carreteras españolas. Además, el respaldo de la asociación es prácticamente total. La votación celebrada este fin de semana entre las bases de la plataforma se saldó con el 86% de sus asociados votando a favor de parar los camiones. Por eso en las empresas de la distribución la alerta es máxima. Los paros de marzo fueron un duro lastre en sus cuentas . Las movilizaciones duraron desde mediados de marzo hasta principios de abril, pero los daños totales siguen sin cuantificarse, incluidos los materiales; los piquetes violentos destrozaron ruedas y camiones para impedir que compañeros desarrollasen su actividad con normalidad. Unos actos que se saldaron con decenas de detenidos por parte de Guardia Civil y Policía. Esa es la principal preocupación de la cadena alimentaria. En marzo, el Ministerio del Interior tardó en reaccionar y movilizar a Guardia Civil y Policía ante la actuación de los manifestantes, dándoles alas y permitiendo que miles de camiones permanecieran parados todos los días. Por ello, desde la cadena alimentaria instaron ayer al Gobierno a intensificar los controles sobre los manifestantes con el fin de que no se ponga en riesgo el abastecimiento en un momento que desde el sector definen como «crítico». «Somos un sector esencial y estratégico, como ha quedado demostrado en las recientes crisis que hemos padecido, y creemos que ha llegado el momento de que el Gobierno adopte medidas que garanticen el buen funcionamiento de la cadena alimentaria y el abastecimiento de alimentos y bebidas al conjunto de la población en cualquier situación, por muy excepcional que esta sea», pidieron desde COAG, UPA, Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Cooperativas Agro-alimentarias de España, FIAB, Hostelería de España y Marcas de Restauración. Las empresas son conscientes de que los paros podrían alargarse hasta Navidad amenazando la época de mayor facturación del año, sobre todo para los supermercados. Noticia Relacionada estandar No Los transportistas vuelven a convocar paros indefinidos a partir del domingo y a las puertas de la campaña de Navidad Antonio Ramírez Cerezo Los convocantes son el grupo minoritario que paralizó en marzo la cadena de suministros y de nuevo argumentan que siguen trabajando a pérdidas También hay temor en el propio sector del transporte por carretera. Ayer, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) emitió un duro comunicado en el que rechazaba sumarse a los paros porque, en su opinión, el sector «dispone en la actualidad de un marco legislativo que facilita a nuestras empresas transportistas diferentes herramientas para desarrollar su actividad en un escenario equilibrado». Es por ello que desde Astic exigieron al Gobierno que «garantice los derechos fundamentales» de los transportistas que no secundarán los paros. «En el paro que esta Plataforma ya convocó el pasado 14 de marzo se produjeron piquetes violentos que no dejaron trabajar con seguridad a muchos conductores profesionales que no lo secundaron, poniendo en riesgo tanto su integridad física como la integridad de sus bienes», añadieron. Peticiones «inasumibles» Fuentes de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) explican a este periódico que las reivindicaciones de la Plataforma son «inasumibles jurídicamente» por parte del Gobierno e insisten en que este movimiento «está sustentado económicamente por alguien en la sombra». Según sus cálculos, cada día que un transportista esté parado durante este periodo dejará de percibir entre 600 y 700 euros de ingresos. Pero hay más sectores implicados. Empresas de construcción, siderúrgicas, químicas… decenas de plantas se vieron obligadas a parar en la primera ronda de paros por la imposibilidad de surtirse de materia prima. Ahora vuelven a estar en jaque. A corto plazo, las nubes negras se sitúan entre las grandes empresas de la distribución, que dan el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad durante la semana del ‘Black Friday’. De no fredesnarse la convocatoria, los paros comenzarán tan solo una semana antes de ese inciso de descuentos, por lo que el peligro es ya reconocido entre las empresas. De hecho, fuentes de la gran distribución admiten que las pérdidas podrían ser superiores en esta ocasión por las fechas en las que concurren. Por tanto, esta semana será clave para asegurar el abstecimiento y ya se prevé un adelanto de compras para evitar males mayores tanto en el ‘Viernes Negro’ como de cara a la campaña de Navidad. Ahora, la pelota está en el tejado del Ministerio de Transportes. La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte acusa a este departamento de «desautorizar» a la Guardia Civil de controlar y denunciar el incumplimiento de los datos de la carta de porte y la atención a las llamadas de los transportistas cuando se entiende que la ley no se cumple. La ministra del ramo, Raquel Sánchez, pidió ayer que se controle la ley, a la vez que reclamó a los transportistas que reculen en su decisión de parar. Unas palabras que no son suficientes para el gremio, que quiere obligar a Transportes a sentarse a negociar para garantizar la vigilancia de la norma.