Ocho ciudadanos filipinos, el Estado de Malasia , un alquiler al norte de Borneo, un árbitro español y embargos por toda Europa. La historia de los herederos del Sultán de Jolo es la de un arrendamiento conflictivo que se ha convertido en el segundo arbitraje más costoso de la historia y cuyo origen primigenio está en nuestro país. ¿Por qué surge? Por el petróleo, el gas y el aceite de palm a . Una lucha por la explotación de los recursos que ha provocado que esas ocho personas deban vivir, de momento, en la clandestinidad. Año 1878. El Sultán de Joló alquila unos terrenos en la isla de Borneo al empresario inglés Alfred Dent y al barón y cónsul del imperio austrohúngaro en Hong Kong, Gustavus von Overbeck. El objeto del contrato era el arrendamiento a perpetuidad de la explotación de los recursos de esos territorios. En aquel momento lo que había allí eran perlas, nidos de gaviota y madera. El precio: 5.000 pesos filipinos al año. Hasta entonces, aquellos territorios pertenecían a España , pero eran propiedad del sultán. El sistema de ‘mando’ era completamente feudal: los agricultores y la gente de la zona rendían pleitesía a los nobles locales; estos, a nobles superiores; estos, al sultán; y el sultán a Dios y a la Corona española. Lo que parecía ser un documento sin mucha enjundia en el siglo XIX ha terminado por ser un quebradero de cabeza para Malasia En aquel contrato, que se firmó en idioma jawi y del que existen más de cuatro traducciones, la palabra clave es ‘pajak’, que significa arrendamiento. Lo que parecía ser un documento sin mucha enjundia en el siglo XIX ha terminado por ser un quebradero de cabeza para Malasia. Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 8490 Código APP Al mismo tiempo de aquel alquiler, el sultán emitió lo que se llama una carta de autoridad, que es una especie de documento por el cual se conceden unos poderes a Dent y Overbeck para gestionar esos territorios; por ejemplo, comandar ejércitos, acuñar moneda, dictar leyes… Y uno de los puntos clave del contrato es que se incluyó una cláusula por la cual en caso de controversia se someterían al juicio del cónsul general de Borneo . En la práctica, como se ha demostrado, aquello equivale a someterse a arbitraje si hubiera algún problema ya que con los años la figura de ese cónsul general desapareció. Cambio de manos En 1903 se firmó un anexo para incrementar el precio a 5.300 pesos anuales, lo que equivale a unos 1.200 dólares americanos. Además, se ampliaba el territorio a unas islas que estaban en disputa también. Para entonces, España ya había abandonado la región, pero el contrato primigenio se hizo al paraguas de la Corona de nuestro país. Overbeck y Dent transmitieron, mientras tanto, sus derechos de explotación a la North Borneo Trading Company, un tipo de empresa que existía en Reino Unido -que era el soberano de las tierras tras España- a la cual la Corona inglesa otorgaba la potestad para mandar y gestionar unos territorios. El ejemplo más conocido: la East India Company, que administraba la India para el Reino Unido. Año 1946. La North Borneo Trading Company cae en quiebra y es Reino Unido el que sigue pagando el alquiler. Pero casi dos décadas más tarde el territorio pasa a formar parte de Malasia… que continúa cumpliendo el contrato hasta 2013. En ese momento, el Estado malayo deja de pagar aprovechando unas revueltas en la zona. Fue entonces cuando el calvario judicial se empezó a fraguar. El gran cambio se produjo décadas antes y es ahí donde está el meollo del asunto. En los años 60 se descubre petróleo en esos terrenos; en los 80-90 se desarrolla la tecnología para poder explotarlo; también en los 80 se alumbran pozos de gas en la zona, los cuales se pueden explotar a partir de los 2000. Y, por último, surge la industria del aceite de palma, de la cual ese territorio es el principal productor mundial. Se había pasado de sacar perlas, nidos de gaviota y madera, a petróleo, gas y aceite de palma. Todo a cambio de 1.200 dólares al año. Es por ello que desde los años 60 los herederos del sultán han intentado renegociar o acabar con el contrato con Malasia, sin éxito por las buenas. Había que ir por las malas. Cuando en 2013 dicho país dejó de pagar, los herederos del sultán se lanzaron a por asesoramiento legal. Dieron, años después, con Paul Cohen y Elisabeth Mason, que cogieron el caso y encargaron al despacho español B. Cremades y Asociados que se hicieran cargo de investigar si tenía recorrido y llevarlo a los tribunales en España. Bernardo Cremades Jr. asumió las riendas y dio comienzo al periplo legal. En 2018 los ocho herederos del Sultán de Jolo presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que nombrara un árbitro El 31 de enero de 2018, los ocho herederos del Sultán de Jolo presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que nombrara a un árbitro, con base a que el alquiler tenía conexión con España ya que se había firmado en territorio español; una de las partes era súbdito español; el objeto eran territorios en suelo español; y el pago se hizo durante años en suelo español. En apariencia lo tenía todo para la historia se dirimiera en nuestro país . Malasia no compareció como parte y el Ministerio de Exteriores español notificó la causa a ese país a través de su embajada en España. Todo siguió adelante y en 2019 se da pie a la demanda y se nombra a Gonzalo Stampa como árbitro, que acepta y divide el arbitraje en dos fases: una de jurisdicción y otra de méritos en la que se decide el fondo del asunto. En septiembre de ese año se produce un hecho diferencial y muy polémico en Malasia: el Fiscal General del Estado envía una carta al árbitro y a los demandantes reconociendo que el contrato existe, que ha habido un incumplimiento y ofrece una indemnización, todo condicionado a retirar el arbitraje. No se llega a un acuerdo y el proceso continúa . El segundo sultán de Joló ABC Un mes después, el Fiscal General malayo envía una segunda carta con que no reconocen la autoridad del árbitro y que irán a los tribunales de su país para pararlo todo. Un tribunal malayo así lo dicta… pero no se aplica en España ni en Europa ya que ese tipo de órdenes aquí no están permitidas. Fuentes conocedoras señalan, además, que en esa orden se decía que si alguno de los demandantes o sus abogados pisaban Malasia estarían «sujetos a ejecución». En mayo de 2020, Gonzalo Stampa dicta que tiene jurisdicción para resolver y entra al fondo del asunto, pese a que Malasia seguía sin personarse, y aunque se le iba enviando copia de todo. ¿Qué piden los ocho herederos? Tres reconocimientos: que hubo un incumplimiento de contrato; que el contrato es demasiado beneficioso para uno y perjudicial para otro y que por tanto debe resolverse el alquiler o rebalancearse el pago; y que los contratos perpetuos pueden resolverse por una de las partes, por buena fe. Beneficio futuro En el terreno económico, el despacho B. Cremades investigó cuánto ha podido beneficiarse Malasia e hizo unas proyecciones a futuro; cantidades ingentes de dinero que servirían de base en el caso. Hasta 2013, según la investigación, ese Estado ha percibido 50.000 millones de dólares por la explotación de petróleo y gas; hasta 2044 se dice que obtendría 80.000 millones extra por ello, más otros 9.000 millones por el aceite de palma. En ese sentido, se acaba solicitando una indemnización calculada como un porcentaje de los derechos de explotación: 32.000 millones de dólares. Es en este punto en el que se cruzan las maniobras de Malasia para intentar poner fin al proceso. Ese país presenta un incidente de nulidad de actuaciones por violación de derechos fundamentales al no haber sido notificado del nombramiento del árbitro. El Ministerio de Exteriores español emite un informe en horas reconociendo que hizo mal las comunicaciones y la Justicia decreta la nulidad del nombramiento de Stampa. Malasia solicita anular la jurisdicción del árbitro… pero todo acaba archivado y sin que Malasia se oponga, lo que da alas a los herederos para los movimientos posteriores. Está anulado el nombramiento pero no que Stampa tiene jurisdicción, con lo que trasladan el arbitraje a Francia . Ya estamos a finales de 2021 y surge un despacho francés en representación de Malasia. En febrero, tres meses después, llega la resolución del caso. El contrato queda resuelto y se obliga a Malasia a pagar 14.920 millones de dólares, el segundo mayor laudo de la historia. Pero esto no iba a ser el final, porque el recorrido judicial es mucho más amplio. Tanto, que ello obliga, aún, a que los ocho herederos permanezcan escondidos en algún lugar del sudeste asiático. Durante 2020, 2021 y este 2022 se han cruzado demandas entre las partes, solicitudes, procedimientos… entre los que está la apelación de la jurisdicción francesa, la solicitud de nulidad del laudo final y también una denuncia de Malasia contra Stampa, por la cual se le investiga por usurpación y desobediencia en un juzgado de Madrid. La causa se ha convertido en un asunto de Estado en Malasia Tras ello llega el momento de ejecutar la decisión en todo este lío judicial. Lo que viene siendo cobrar los 15.000 millones de dólares . Para ello se pone el ojo en la empresa petrolera malaya, Petronas, que tiene filiales en muchos países del Viejo Continente, incluido España. El primer paso fue en julio de este año acudir a Luxemburgo a ejecutarlo, lo que ha derivado en medidas cautelares y el embargo de las acciones y cuentas de dos filiales de Petronas. En septiembre decidieron llevarlo también a Países Bajos, a La Haya, para pedir ahí también la ejecución, lo cual está pendiente. Aunque esto solo son los dos primeros pasos que prevén dar los herederos para obtener el dinero. Ahora les espera, previsiblemente, un recorrido por varios países más de Europa. Sin embargo, todo ello está sujeto a una elevada incertidumbre por el camino que tome Malasia, que afronta elecciones próximamente. De hecho, esta causa se ha convertido en un asunto de Estado allí. En juego están 15.000 millones de dólares.