La delicada situación que vive hoy el olimpismo nacional no es desconocida para el deporte nacional. Repasando la historia reciente hasta podría decirse que tal tipo de situaciones son inherentes al funcionamiento de un modelo organizacional que depende del dinero público y del beneplácito, sino compadrazgo, de la clase gobernante, para su funcionamiento. Hace poco más de cinco años era la Fedefut, para recordar el caso más reciente de esta disciplina deportiva, la que se encontraba en este tipo de aprietos.
Si algo nos enseña la historia en esta materia es que mientras la organización deportiva de más alto nivel tenga algún tipo de relación con el presupuesto público, la clase política gobernante siempre encontrará la forma para influir directa o indirectamente en la forma que ésta maneja sus asuntos. En nuestro caso, es muy grande el pedazo del pastel en poder del deporte olímpico y federado para creer que políticos ansiosos de dinero público se van a mantener al margen del mismo.
Reformar este particular modo de convivencia entre el dinero público, la política y el deporte es algo muy difícil de lograr mientras exista la obligación constitucional de trasladarle al deporte un porcentaje fijo del presupuesto público. Por tanto, si no se puede desligar al deporte de esta perniciosa dependencia, al menos habría que introducir reformas que garanticen mucho mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos por parte de las organizaciones deportivas y la adopción de las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo.
Transparencia Internacional recomienda que las organizaciones deportivas publiquen información detallada acerca de cómo manejan sus fondos y que la misma esté verificada por auditores independientes, no solo por la Contraloría de Cuentas; que incluyan dentro de sus autoridades a miembros independientes de la sociedad civil, no comprometidos con los intereses propios de cada disciplina deportiva; que rindan cuentas abiertamente a los donantes, patrocinadores, deportistas y sociedad civil de los fondos que reciben; y ampliar la participación en la gobernanza deportiva de todos los actores involucrados en la práctica de una disciplina, especialmente de los atletas.
En palabras de esta organización internacional, “limpiar de corrupción el deporte es esencial, no solo por el bien del propio deporte sino por el bien de la sociedad como un todo”. Lamentablemente, la batalla que hoy ocurre en torno al deporte nacional nada tiene que ver con mejorar en estos aspectos, sino en cimentar las malas prácticas existentes.