En un país dividido en una confrontación interminable, cuyas causas están ancladas en dos modelos históricos sucesivos, el fracaso es evidente. Urge un cambio de rumbo y un golpe de timón que, es preciso aclarar, no es golpe de Estado, como suele proclamar la retórica oficialista del actual régimen de facto, sino la reconstrucción de las instituciones y del Estado de derecho, y con ella, la reinstauración del hilo constitucional roto. Este no se produjo en 2017 sino que se agravó con las dos sentencias inicuas que eliminaron a favor del ejecutivo toda autonomía del poder legislativo y judicial. Ya desde hace diez años, a la muerte de Chávez el 30 de diciembre de 2012, anunciada el 5 de marzo de 2013, quedó sellada la ilegitimidad de los poderes públicos. Desde entonces, todo cuanto fue proclamado, decidido, decretado e impuesto a partir de enero de 2013, incluida la candidatura presidencial de Maduro siendo vicepresidente encargado, ha sido constitucionalmente nulo de toda nulidad.