El Gobierno tomó ayer el pulso a los agentes sociales del grado de aceptación sobre las medidas propuestas a comienzos de esta semana para la segunda parte de la reforma de pensiones que debería de estar aprobada antes del 31 de diciembre para cumplir con el calendario comprometido con Bruselas. La toma de contacto, no obstante, no pudo ser más fría. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , constató su soledad y la ausencia de apoyos para la ampliación de los años cotizados para el cálculo de la pensión y el destope de las bases máximas de cotización. Concretamente, en la segunda reunión celebrada ayer después del largo periodo de incomunicación -antes del encuentro del pasado lunes el último contacto se había producido el 12 de septiembre- los empresarios trasladaron al Gobierno el rechazo frontal a la senda de destope de cotizaciones , planteada para un horizonte de 25 años, y con un incremento del 30%. Se pretende con esta operación llegar a los 70.000 euros de base máxima de cotización en 2050. Aunque en este punto el Gobierno si ha encontrado cierto respaldo por parte de los sindicatos, el del destope de bases máximas de cotización, y más aún tras proponer una senda de subida de la pensión máxima diez veces menor, los empresarios han puesto pie en pared. Noticias Relacionadas estandar Si Las cotizaciones máximas subirán un 30% en 25 años, diez veces más que la pensión Susana Alcelay estandar No El Gobierno mantiene la subida de las pensiones del 8,5% para 2023 pese a la moderación del IPC Bruno Pérez «Esta medida rompe el principio de contributividad , ya que mientras la cotización se incrementa cerca del 30% en 25 años, la pensión que se cobrará sube alrededor del 3%», explican fuentes empresariales. Esta medida, consideran, «quiebra también el principio de equidad intergeneracional porque se carga sobre una sola generación». Y además, denuncian el incremento del coste salarial para las empresas sobre todo en puestos de mayor cualificación, lo que frena la captación de talento. Buscar el mandato de los partidos «No comprendemos el papel de los interlocutores sociales en este proceso», apuntaban a ABC fuentes cercanas a la negociación tras la reunión en la que ambas partes de los agentes sociales instaron al Gobierno a buscar el apoyo de los partidos políticos en el Pacto de Toledo antes de presentar propuestas sobre las medidas mencionadas. Ambos, patronal y sindicatos, consideran que al menos una de las medidas, la de ampliar los años de cotización para el cálculo de la pensión no forma parte del mandato que la comisión parlamentaria trasladó al Gobierno con el apoyo casi unánime de las formaciones políticas durante su votación en la Cámara Baja . De hecho, tras la reunión, desde los sindicatos trasladaron que el problema no es que exista un desacuerdo sobre el punto de elevar de 25 a 30 los años de cotización para el cálculo de la pensión, sino que «no se va a negociar una medida» que no se encuentra en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Sobre esta base, el líder de CC.OO., Unai Sordo , señaló en declaraciones a los medios al término de la reunión que sí que existe un punto de acercamiento a la propuesta del Ejecutivo en materia de cobertura de lagunas de cotización, eliminación de la brecha de género en la cuantía de las prestaciones y también sobre el destope de las bases máximas de cotización como vías «para reforzar los ingresos de la Seguridad Social». En este punto, el Gobierno mantiene la intención de buscar el consenso con los agentes sociales que allane el trámite parlamentario del decreto que incluirá las últimas medidas comprometidas con Bruselas como parte de la reforma de pensiones. De hecho, un pacto de mínimos al menos con la parte sindical de los agentes sociales podría facilitar el visto bueno de Unidas Podemos, clave para la convalidación del texto. Aunque por el momento, el rechazo de la líder del parte ‘morada’ del Gobierno Yolanda Díaz ha sido tan frontal como el de los sindicatos a una de las dos medidas previstas: la ampliación de 25 a 30 años cotizados y la posibilidad de elegir los 28 mejore. «Supone un recorte de derechos », asegura. Así, la Seguridad Social volvió a convocar en el día de ayer a empresarios y sindicatos a la mesa de diálogo el próximo 12 de diciembre para tratar de ajustar la oferta tras «recopilar las propuestas aportadas por los interlocutores sociales», apuntaban fuentes oficiales tras el encuentro. No en vano, será complejo desatar el nudo al que se enfrenta el ministro Escrivá. La propuesta que ha trasladado el Gobierno trata de buscar un equilibrio casi imposible entre las sensibilidades de patronal y sindicatos y las demandas de Bruselas de acelerar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social. Bajo esta óptica, sería difícil rebajar tanto la ampliación del periodo de cómputo como la subida de cotizaciones para calmar a los agentes sociales y a la vez cumplir con Bruselas. MÁS INFORMACIÓN A quién beneficia y a quién perjudica aumentar de 25 a 30 los años para calcular la pensión De Cos avisa de que el IPC empujará el déficit y la deuda a partir de 2023 Más allá, con la vuelta a las negociaciones y la puesta sobre la mesa de propuestas por parte del Gobierno sí que podría activarse el alargamiento del plazo del 31 de diciembre, sobre el que la Comisión Europea podría dar un pequeño margen si detecta avances en la reglamentación de las medidas . Esta vía, sin embargo, no se contempla desde la Seguridad Social, tal y como apuntan fuentes oficiales, que apurará los plazos para lograr el consenso de mínimos la mesa de diálogo social con el que sobrellevar el trámite parlamentario y que incluso trabaja ya el plan B para que al menos los grupos que sostiene el Gobierno de coalición en el Congreso apoyen un decreto antes de final de año.