Activistas pro derechos humanos de la comunidad LGBTIQ efectuaron la semana pasada una llamativa protesta en la sede de la Defensoría del Pueblo, por varios días permanecieron encadenados solicitando que se gestionen reformas legales e institucionales en el país que permitan 1) el matrimonio igualitario, 2) el fin de la penalización de la homosexualidad a los oficiales de las Fuerzas Armadas y 3) El cambio de nombre para transexuales, entre otras reivindicaciones. Los manifestantes, nos guste o no, están en pleno derecho de ejercer la protesta, los estándares internacionales en materia de derechos humanos hacen legítima su lucha y el Estado venezolano debe dar respuestas a sus justas demandas. Se ha anunciado que se autorizará próximamente el cambio de nombre a algunas personas trans, un tímido avance que debe ser el primero de muchos pasos para construir una sociedad tolerante e inclusiva.