El Poder Judicial y la seguridad jurídica constituyen asuntos prioritarios que deben formar parte del diálogo de México. De este problema dependen las inversiones extranjeras y el ambiente necesario para el desarrollo económico. Y para que el fruto sea fecundo es necesario rescatar al sistema de justicia de los intereses ajenos a lo jurídico. Para ello se requiere identificar las fallas para poder repararlas. La penetración de intereses políticos y grupales en el proceso de designación de jueces ha sido moneda de cuenta en las últimas décadas. Es un asunto de vieja data que no puede pasar inadvertido.