1. El proceso electoral camina sobre una delgada capa de hielo. La democracia en Guatemala ha descansado en un solo factor: la confianza en la autonomía del TSE que garantiza en gran medida, con el respaldo ciudadano, la integridad del voto. Por primera vez en 40 años esa confianza se ha perdido por todas las señales de sometimiento político de la autoridad electoral al poder oficial, particularmente del presidente de la República y su primer círculo.
A eso se agrega la rutina de judicializar la participación política, justamente cuando el poder judicial padece la misma enfermedad: dicta resoluciones según la conveniencia de las redes de corrupción y crimen. El sentimiento de exclusión política injustificada socavaría los últimos fundamentos del sistema político, desatando inestabilidad.
2. Las redes criminales aprovecharán el descontrol para ampliar su influencia política. Los grupos de narcotraficantes han escalado exponencialmente su presencia en los gobiernos municipales, el Congreso y en la propia administración central del Estado. Lo han logrado mediante la financiación a manos llenas de las campañas electorales y promoviendo cada vez más abiertamente a sus representantes. Si en la legislatura que concluirá el próximo 14 de enero se estima que unos 40 diputados provenían de sus filas, no es difícil que incrementen en la próxima en un 50 por ciento esa representación.
Esto ocurre en el contexto de reconfiguración de la geopolítica del narcotráfico que tiende a integrar el negocio criminal (producción, procesamiento, importación directa de precursores químicos etcétera) en el norte de Centroamérica y México, con lo cual sus ganancias aumentarán notablemente.
3. La captura del sistema de justicia abona la ruina del sistema general. Las Cortes del OJ llevan operando 39 meses fuera del mandato que les otorga la Constitución y han liberado más de un centenar de personajes de alto perfil que eran procesados por casos de gran corrupción y blanqueo de activos. Las resoluciones de la CC refrendan lo actuado, incluso pronunciándose sobre materias fuera de su mandato. La impunidad y su contra cara, la aplicación del derecho penal del enemigo, impactará negativamente el clima de negocios legítimos, a la vez que reforzará los circuitos de la economía criminal. La aplicación arbitraria de la ley aumentará la sensación de desprotección personal de la ciudadanía perturbando las relaciones interpersonales.
La ausencia de ley y la tolerancia del abuso de poder incrementarán los conflictos comunitarios (la inmensa mayoría invisibles ante los ojos de la opinión pública) con el riesgo de conectarlos, traduciéndolos en conflictividad general. Los foros internacionales de abogados corporativos y las agencias de evaluación de riesgo-país declararán que Guatemala es un país sin Estado de derecho y ajustarán sus escenarios hasta después del tercer trimestre del año.
4. El retroceso en todos los indicadores sociales degrada y disuelve los escasos factores de cohesión de la sociedad. El descuido permanente de las políticas y la inversión social -que ha sido más notorio durante la pandemia, cuando el gobierno ha contado con suficiencia fiscal- está pasando factura a grandes conglomerados de la sociedad: aumenta el hambre y las muertes por desnutrición aguda, regresan enfermedades que desde hace décadas fueron erradicadas, el sistema escolar evidencia su peor fracaso en casi un siglo y los servicios de infraestructura básica siguen colapsando.
Con una economía general estable y el aumento del consumo privado gracias a las remesas familiares, la paradoja es que Guatemala comienza a configurar un cuadro de crisis humanitaria como en Venezuela y Haití. La imagen grotesca que tiene fijada la población es que de su ruina se benefician políticos, funcionarios y sus socios, quienes sacan beneficios como nunca de los negocios públicos corruptos. La precariedad y el abandono despierta dos dinámicas: degradación social (delincuencia, renuncia de valores y profundización del clientelismo en año electoral) y autogestión comunitaria. Ambas se traducen en disolución de los lazos estatales. Y al final del día en aumento de migraciones irregulares.
5. Crisis de gobernabilidad, como crisis de Estado. Hay un riesgo muy alto de que el itinerario de una crisis de gobernabilidad se condense en 2023 como crisis de Estado. En 2020 esta ruta empezó como crisis de confianza por la mala gestión de la pandemia y transitó precozmente a crisis de legitimidad. En 2021 y 2022 el presidente Giammattei sorteó la crisis de conducción política e impuso su agenda, pero como agenda de ‘Pacto de Corruptos’ y desbaratando el orden jurídico de la República. Eso profundizó la crisis de legitimidad y de legalidad nacional e internacionalmente. En los dos últimos meses la figura presidencial se ha desvanecido y se instala la percepción de vacío de autoridad central que varios actores políticos buscarán llenar, justamente en un año electoral. Cada cuatro años las elecciones ayudan a disolver tensiones sociales y políticas, pero esta vez hay un alto riesgo -condensando los cuatro riesgos descritos- de que la confrontación política se salga de control abriendo un escenario de crisis de Estado.
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