«Big Bang fiscal», «figura peculiar, sino extravagante», «jarro de agua fría sobre la seguridad jurídica», «chapuza», «marketing político», pocas veces si es que ha ocurrido en alguna ocasión una figura fiscal ha sido señalada con semejante ristra de calificativos negativos desde el ámbito académico. El gravamen de solidaridad a las grandes fortunas improvisado por el Gobierno en la recta final de 2022 a instancias de Unidas Podemos para apuntalar el respaldo mayoritario del Parlamento a los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas ha recibido este lunes un soberano zarandeo por parte de cuatro de los siete catedráticos de Derechos Tributario reunidos por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) para valorar su adecuación o no el marco regulatorio doméstico. El resultado del análisis de los académicos es demoledor. Hallan hasta cuatro posibles flancos de inconstitucionalidad de la norma, que afectan tanto a cuestiones formales y de procedimiento, como del fondo de la norma y que les lleva a concluir que el nuevo gravamen, sobre el que incluso el Gobierno ha dicho que podría convertirse en permanente, no durará mucho tiempo en el sistema tributario español. «Va a decaer seguro. Tras vez se aplique en 2022 y en 2023, pero no va a llegar a 2024», ha vaticinado este lunes Javier Martín , socio director del despacho Ideo Legal y catedrático de Derecho Tributario por la Universidad Complutense.