Crucificción de una mujer íntegra e inocente

Con el avance de los meses y la evolución del proceso en contra de la licenciada Samari Gómez y mía, han salido a flote falencias evidentes e injustificables:

• El caso ha sido “fabricado” en base a historias o  “narrativas” sin fundamento de un sujeto cuya idoneidad como testigo y denunciante es ampliamente cuestionada.
• Está ligado a cuatro procesos penales

• El Ministerio Público que tiene el monopolio de la investigación criminal, experimentó amnesia y le permitió al denunciante que hiciera lo que se le diera la gana: realizar su propia investigación criminal, autónoma y sin supervisión, confeccionar la noticia criminal y luego de dar parte al propio Ministerio Público, “fabricar” sus medios de prueba.
• Los querellantes adhesivos han tenido todo el apoyo y la complacencia del juez, para montar un teatro de terror, abusivo, lleno de violencia verbal para criminalizar, dejar insultar, difamar y sentenciar a los imputados sin limitaciones de ninguna naturaleza.
• El juez sin que sea su facultad desde la primera declaración condenó, servilmente a los imputados, con un sadismo sin precedentes.

En este “tsunami” de venganzas  y ajustes de cuentas del pacto de corruptos, se está persiguiendo de manera implacable a una persona inocente, pero además ajena a la conspiración o confabulación, constituida a su alrededor, la ex fiscal Samari Gómez persona que en mi vida solo vi distante una sola vez en compañía de un funcionario de la extinta CICIG de quien no conozco antecedentes ni poseo ninguna información, con quien jamás tuve contacto ni comunicación, pero que tuvo la mala fortuna de haber sido mencionada en una conversación telefónica a solicitud insistente del propio denunciante, mientras este procedía a realizar una grabación ilegal de esta llamada.

El audio ilegal de la llamada, realizada por el denunciante, en la que jamás participó y de la que ni siquiera se enteró la ex fiscal Samari Gómez, ha sido suficiente para el Ministerio Público y el juez la retengan en prisión, incomunicada y aislada por cinco meses y en espera de otros cinco meses más, pues la apertura a juicio fue programada para mayo del 2023, privándola de su familia, fundamentalmente de sus tres hijos menores a quienes solo puede ver una vez por semana, pues viven en San Juan El Obispo.

Además de que destruyeron sin arrugarse y sin escrúpulos, su carrera profesional, su economía familiar y la han humillado socialmente.

Durante el diligenciamiento del proceso se ha podido observar con asombro cómo ha sido ligada a proceso y ahora sometida a juicio, sin que exista, además de la declaración del denunciante, una sola prueba, una sola evidencia que indique que efectivamente participó del acto ilegal que sin base se imputa.

 ¿Es tanta la sed de venganza en contra de ciertos personajes de la vida nacional, como para llevarse entre las patas a personas inocentes, trabajadoras, madres, hijas, profesionales, cuyo trabajo antes de caer en esta red de venganza  era considerada intachable?

Su persecución es una muestra clara de que hoy en Guatemala, más que justicia, se busca venganza aunque de paso se destroce la vida de inocentes.

Además ha tenido que soportar el asedio incesante de los querellantes adhesivos que en base a amenazas y coacción han pretendido obligarla a aceptar unos hechos que ni siquiera el Ministerio Público tiene evidencia ni documentación y en los que ella misma ha manifestado que nunca participó.