Causó gran emoción en La Moncloa que el ‘Financial Times’ publicara el pasado jueves un artículo titulado ‘La economía sumergida impulsa un salto récord en los ingresos fiscales de España’. La tesis del artículo es que los ingresos fiscales están aumentando aquí en una proporción mayor que en otros países comparables. El incremento no solo sería fruto de la inflación o del crecimiento del PIB, sino del hecho de que la pandemia obligó a la economía sumergida a salir de las sombras . Se entiende la satisfacción del Gobierno porque esta tesis encaja con su idea de que se han producido cambios estructurales en la economía. Además, el aumento de los ingresos cuadraría con uno de los anhelos que Pedro Sánchez formuló en 2020: reducir la brecha de ingresos fiscales con la UE que estaba entonces en seis puntos porcentuales. La crisis pandémica proporcionó una excusa extraordinaria. Los confinamientos y el distanciamiento social afectaron a la economía sumergida de una manera que no lo había hecho la crisis financiera de 2010. Se cerraron ferias y comercios, el turismo se paralizó y hasta se dejaron de contratar chapuzas, apostando por el ‘hágalo usted mismo’ (gracias Youtube). Si en la crisis anterior la actividad sumergida se resintió, con la pandemia literalmente desapareció. Por esta razón, en el verano de 2021, un alto cargo de Agencia Tributaria sostenía que la economía sumergida era «inferior a los dos dígitos», una cifra sin precedentes en nuestra historia moderna. Pero el fenómeno más interesante ha tenido que ver con la manera en que los gobiernos emplearon las ayudas de la pandemia para formalizar a los trabajadores que antes estaban en la clandestinidad. Este debate estaba muy vivo en el Ejecutivo cuando llegó la pandemia por la presión que Pablo Iglesias había metido para que se aprobara el Ingreso Mínimo Vital. Pero entre los expertos estaban muy presentes las lecciones de la Plataforma Europea Contra el Trabajo No Declarado, creada en 2014, y que documentaban como la economía sumergida era una fuente inagotable de ‘free riders’. MÁS INFORMACIÓN Garamendi ve un «error y equivocación» el nuevo impuesto a las grandes fortunas El resultado es que el Estado ha sido muy exigente a la hora de cambiar ayudas sociales por datos. Cada vez que usted oiga que para solicitar tal ayuda hay que utilizar un código QR o una firma digital, que sepa que eso va directamente a Hacienda o la Tesorería de la Seguridad Social. Y aunque no siga recibiendo ayudas, su perfil ya está en las bases de datos que con el uso de ‘big data’ pueden hacer que a su empresa u hogar llegue una carta recordándole que el trabajo no declarado es ilegal, práctica que España reconoció en el último seminario de la Plataforma celebrado en octubre pasado. El cambio de hábitos sociales respecto del dinero en efectivo ha hecho el resto: la compra online pasó del 6% en 2019 al 17% en 2022, y el pago con tarjeta del 25% al 34%. El resultado ha sido un importante afloramiento de actividad sumergida. La pregunta ahora es: ¿Se mantendrá esto en el tiempo? [email protected]