Ninguno de ellos tiene los papeles en regla. Han llegado a España procedentes, en la mayoría de los casos, de Perú y Colombia, con la esperanza de cambiar de vida en un país que ven como una suerte de tierra prometida. Pronto, el optimismo se desvanece, al terminar los ahorros, no tener un techo bajo el que dormir y no encontrar empleo. Tal es su situación de vulnerabilidad y necesidad que se aferran a la primera oferta que se les presenta, aunque sea para trabajar en condiciones precarias, sin contrato y, obviamente, sin ser dados de alta en la Seguridad Social. Son los albañiles a los que David Casanova Montesinos, el falso arquitecto investigado por la presunta estafa múltiple de las reformas, captaba en la calle y repartía por las obras que nunca llegaba a terminar. Así lo acredita el atestado policial, que ya se ha trasladado al juzgado de instrucción que investiga el caso, al que ha tenido acceso ABC.
Por CARLOTA BARCALA / abc.es
Trece obreros se han atrevido a denunciar al falso arquitecto y a sus compinches, entre los que se encuentran su madre, su hermana y dos hombres ya detenidos y que actuaban como personas de máxima confianza de David, el cabecilla de esta presunta organización criminal, delito que les imputa la Policía Nacional. Todos los empleados que trabajaron en las reformas son inmigrantes ilegales a los que recogían en Plaza Elíptica, epicentro de las cundas de albañiles, y a todos ellos dejaron de pagarles, debiéndoles cantidades que oscilan entre los 300 y los 3.000 euros, consta en el atestado.
«Por ahora, han denunciado trece, pero sabemos que hay muchos más. Algunos son indigentes con los que hemos contactado pero que no han querido declarar», cuentan a este diario fuentes de la investigación, que está liderada por el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Tetuán. Se han negado a testificar por miedo, debido a la situación irregular en la que se encuentran en España y, también, por pánico a posibles represalias.
«Son personas muy vulnerables. Jugaban con esta situación para pagarles lo mínimo y que no denunciasen», dicen las mismas fuentes, que explican que lo que acordaban con los inmigrantes era pagarles de manera semanal a razón de 50 euros diarios. «A algunos les remuneraban la primera semana, luego los dejaban abandonados y ya no respondían al teléfono. Para ellos, cobrar o no cobrar era la diferencia entre comer y no comer o dormir en una habitación o en un parque», continúan fuentes del caso que comenzó, como este diario ha venido informando, en septiembre, cuando siete personas que habían contratado a David para realizar reformas en sus casas lo denunciaron porque nunca las concluyó, pese a haber cobrado todo el dinero solicitado para la rehabilitación.
La situación personal de los empleados era tan precaria que, al no cobrar, algunos de ellos durmieron de forma clandestina en las obras en las que trabajaban, para no hacerlo al raso, ya que no tenían dinero ni para hacer frente a una habitación de hostal. «Muchos se vieron abocados a la indigencia», afirman las fuentes consultadas. Cuando los obreros le reclamaban el dinero, se esfumaba, aunque solo le pidiesen una parte de la deuda contraída para poder salir adelante unos días y encontrar alojamiento. «En otros casos, a través de audios les contestaba que les había pagado la semana pasada. Era mentira, pero así se cubría las espaldas», sostiene la Policía Nacional.
Trece albañiles denuncian: «Hay muchos más. Algunos son indigentes con los que hemos contactado pero que no han querido declarar»