Pese a que el Gobierno ha logrado comprometer presupuestariamente 48.720 millones de euros entre convocatorias y licitaciones estatales y transferencias a las comunidades autónomas, la realidad es que a 31 de diciembre de 2022 «quedan no menos de 4.200 millones de euros de convocatorias y licitaciones resueltas que se han quedado sin asignar«, según el Observatorio NextGen de la Unidad Next Generation EU de LLYC. En este sentido, el documento recalca que el Ejecutivo »deberá darse prisa en buscar un nuevo destino a esos fondos europeos«. Esa cifra se trata de una estimación respecto al dinero gestionado por la Administración del Estado. De los 4.200 millones, 3.579 millones son recursos no asignados de convocatorias de subvenciones ya resueltas y unos 700 millones de euros extra de no adjudicados en licitaciones resueltas. La razón de que esto haya sucedido: el menor interés demostrado por las empresas este año pasado. Noticia Relacionada estandar Si Bruselas da un respiro al Gobierno y permitirá asignar la primera remesa de fondos europeos más allá de 2023 Bruno Pérez España dispondrá de más margen para asignar los 70.000 millones de euros de transferencias a fondo perdido a proyectos concretos de inversión El principal problema en ese dinero que se ha quedado sin asignar está en el Perte del vehículo eléctrico , con 2.100 millones de euros que han quedado en el tintero tras la primera adjudicación, que resultó muy polémica por la lentitud, la burocracia, los problemas con las empresas… y que ha terminado con varios ceses en el Ministerio de Industria. Con todo, también hay otras partidas millonarias sin asignar en el conjunto de ministerios, como recoge el informe. Unido a todo ello, el documento de LLYC, liderado por su responsable, Paloma Baena, también analiza el despliegue de los recursos europeos en términos de adjudicación. «El porcentaje de fondos adjudicados en las convocatorias y licitaciones estatales resueltas, en relación a las dotaciones iniciales con que contaban, se ha reducido de forma sustancial entre 2021 y 2022, al haber pasado de una adjudicación del 90% de los fondos previstos en 2021 a solo un 50% en 2022«, indica el estudio. Asimismo, la ejecución real, es decir, el dinero que efectivamente ha llegado a la economía, también supone un problema por su lentitud. «De los fondos gestionados directamente por la AGE habrían llegado a la economía real unos 11.000 millones de euros, a través de las convocatorias de subvenciones y licitaciones estatales ya resueltas, es decir, un 37,7% del total de fondos comprometidos por la AGE y un 22,6% de los fondos totales comprometidos«, recoge el informe. Entre los factores que explican este dato están, entre otros, que el plazo de adjudicación de las convocatorias tiene una media de 139 días, lo que influye »en el ritmo lento de ejecución registrado en el año 2022«. Conflicto con la Comisión EUropea El documento de LLYC hace hincapié en uno de los problemas a los que se enfrenta España en relación a los fondos europeos: el retraso en las reforma, especialmente en la de pensiones . «En el caso de la reforma de las pensiones, el Gobierno no ha logrado llegar a un acuerdo en el plazo estipulado. En efecto, el Ministerio de Seguridad Social declaró a finales de año que tenía que retrasar la aprobación de dicha reforma, con el consenso de los agentes sociales», afirma el estudio. En este sentido, se habla en relación al retraso en la reforma de pensiones como «un punto clave de conflicto con la Comisión Europea de cara a la solicitud del cuarto desembolso y su aprobación por el Ejecutivo europeo«. Así, LLYC recuerda que »cabe recordar que los desembolsos pueden ser parciales, y que la Comisión y España pueden negociar plazos de extensión para el cumplimiento de los hitos y objetivos que no hayan podido alcanzarse en la fecha inicialmente prevista. En principio, no estaríamos ante un escenario de desembolso cero en ningún caso, pero sí podría producirse un retraso en la solicitud o una solicitud parcial«.