El IPC, convertido desde hace meses en el principal foco de preocupación de familias, empresas y autoridades a cuenta del subidón de los precios energéticos, está expuesto a las turbulencias de la coyuntura económica y geopolítica que pueden generar oscilaciones como las que las principales economías del planeta están experimentando desde mediados de 2021, pero también arrastra un componente estructural que se explica desde las características propias de cada país y que en el caso de España suma una carga extra de 1,7 puntos al índice , según ha defendido este lunes el Instituto de Estudios Económicos, el servicio de estudios y laboratorio de ideas vinculado a la CEOE. El informe ‘La mejora de la calidad institucional del comercio en España: cuantificación de su impacto económico y social’, presentado este lunes por la institución, concluye que la maraña de regulaciones autonómicas, las trabas administrativas y las mayores cargas fiscales que soporta el sector comercial español respecto a sus pares europeos añaden una carga extra a la inflación y que su eventual supresión reduciría en cerca de un tercera parte el actual nivel de IPC de la economía española, que cerró el año 2022 en el 5,7%. La reducción de los precios finales de venta al público y, por tanto, del IPC no sería la única consecuencia positiva de un entorno regulatorio más asimilable al existente en otros países de Europa. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), ese nuevo marco metería 470 euros por año en los bolsillos de las familias, lo que animaría el consumo, estimularía la inversión empresarial e incluso incrementaría la recaudación fiscal del Estado en unos 870 millones de euros . El ‘think tank’ de CEOE estima que también abriría la puerta a crear más de 88.000 nuevos puestos de trabajo. Catálogo de lastres sobre la actividad El inventario de lastres a la actividad que ha detectado el Instituto de Estudios Económicos a partir de las opiniones recabadas de un grupo de expertos en el sector, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de la CEOE es amplio: retrasos en la concesión de la licencia municipal de obra y apertura, arbitrariedad en la concesión de esta última, esquemas regulatorios que impiden de hecho la posibilidad de ampliar la superficie comercial cuando el negocio crece… Los expertos consultados denuncian también el planteamiento excesivamente restrictivo que ha guiado el desarrollo de la normativa ambiental, que se traduce en costes elevados y a su juicio innecesarios, y los sobrecostes del proceso de aprovisionamiento de mercancías por las ineficiencias del trámite aduanero y los crecientes obstáculos a la distribución urbana de mercancías que están imponiendo los ayuntamientos. Otro foco de sobrecostes son las nuevas cargas fiscales creadas entre las que han citado el nuevo impuesto a los plásticos de un solo uso. El informe apunta también al desarrollo de normativas que vienen del ámbito comunitario y que en España se implantan de manera más restrictiva, generando costes e inseguridad jurídica. «El comercio es, sin duda, uno de los sectores que arrastra una mayor carga regulatoria y la actividad en este sector se ha convertido en una carrera de obstáculos y en una acumulación de barrera», ha subrayado este lunes Gregorio Izquierdo, secretario general del IEE. MÁS INFORMACIÓN La rebaja del IVA entrampa a miles de pequeños tenderos de barrio sin margen para bajar sus precios El nuevo impuesto del plástico: «Supondrá un aumento del precio final de los alimentos» El presidente del instituto, Iñigo Fernández de Mesa , ha instando a las autoridades a avanzar para desenredar este entramado de normas que dificulta la actividad de los empresarios y lastra la actividad económica. Para ello plantea reformas estructurales, pero también aplicar de manera más estricta la Ley de Unidad de Mercado para evitar la proliferación de normas autonómicas que regulan una misma situación de manera diferente. «Un ejemplo es el de los envases», ha ejemplificado Gregorio Izquierdo. «Mientras en otros países se fabrican envases que pueden ser utilizados en varios países diferentes, aquí hay que utilizar un envase diferente en cada comunidad autónoma», ha denunciado.