Van tres semanas desde que una representación mayoritaria de la Asamblea Nacional electa en 2015 tomara la decisión de eliminar la Presidencia Interina (PI) ejercida por Juan Guaidó. Razones de peso habrán tenido, ya que se trata de una figura con sustento en el artículo 233 de la Constitución. En sus primeros meses, además, representó un serio desafío al gobierno de facto, contando con el apoyo de unos 60 países democráticos. Permitió abrir numerosas delegaciones de la oposición democrática –embajadores ad-hoc—en muchos de ellos, así como tener voz en la OEA, en la persona de Gustavo Tarre Briceño. Asimismo, ofreció el marco de legitimidad para amparar valiosos activos venezolanos en el extranjero de las fauces depredadoras del fascismo chavo-madurista. Tomando esto en cuenta, un analista tan importante de la región, como es el periodista Andrés Oppenheimer, se extrañó por lo que calificó como un “suicidio político” de la oposición venezolana. Desde la reunión de Davos, Suiza, Ricardo Hausmann reportó, asimismo, el desconcierto al respecto entre dirigentes de países amigos.