A raíz de los acontecimientos ocurridos en Perú, el 7 de diciembre de 2022, fecha en que fue defenestrado por el Congreso el ex presidente Pedro Castillo (actualmente encarcelado), quien había asumido como gobernante el 28 de julio de 2021, después de haber ganado las elecciones por un estrecho margen, y fue juramentada y tomó posesión como presidenta la entonces vicepresidente Dina Boluarte, se desataron violentas manifestaciones y protestas, que han arrojado 62 muertos y centenares de heridos.
Los manifestantes, en una suerte de movilización permanente, exigen la renuncia de la presidenta en funciones Boluarte, la excarcelación del ex gobernante Castillo (quien horas antes de ser removido del cargo dio un autogolpe de Estado), el cierre del Congreso y el adelanto de la celebración de elecciones generales para el presente año. El Congreso, por mayoría, ha aceptado que las elecciones se celebren en abril de 2024 y que el período presidencial se acorte al 28 de julio del mismo año, es decir 2 años antes de que venza el actual período presidencial de 5 años.
La presidenta Boluarte decretó el estado de emergencia antes de que se concretara la “Toma de Lima” por los encolerizados manifestantes. La “Toma de Lima” se llevó a cabo el jueves pasado, dando pie a innumerables incidentes violentos en la capital peruana, principalmente enfrentamientos entre los iracundos insumisos y las fuerzas del orden.
Boluarte ha llamado a la calma y al diálogo. En todo caso, ha sostenido que no está en sus manos la liberación de Castillo ni el adelanto de las elecciones generales, toda vez que estas decisiones le corresponden a la justicia oficial peruana y al Congreso (controlado por la oposición a Boluarte), respectivamente. Por tanto, está atada de manos. Por cierto, la desaprobación ciudadana de Boluarte es de 71 por ciento, en tanto que la del Congreso es de 80 por ciento. El 83 por ciento de la población reclama el adelanto de elecciones generales.
La presidenta apuesta a tres mecanismos de salvación de su gestión gubernativa con miras a desactivar la crisis político-social: 1) Convocatoria a elecciones este año; 2) La mesa de diálogo amplio e incluyente; y 3) Represión inteligente. No obstante, el endurecimiento de actitudes de los distintos actores (organizaciones sociales detrás de las protestas y diputados al Congreso pertenecientes a partidos que les preocupa el adelanto de las elecciones generales para 2023) no allana el camino hacia la conciliación de intereses por la vía pacífica.
Ayer domingo, el Papa Francisco, en su afán por interceder en favor de una salida pacífica a la crisis, expresó: “La violencia apaga la esperanza de una justa solución de los problemas. Animo a todas las partes implicadas a tomar la vía del diálogo entre hermanos en la misma nación en el pleno respeto de Derechos Humanos y del Estado de Derecho”.