La lucha por la democracia no se define solamente en las urnas, sino que también, debe librarse en las mentes de la población.
El pasado viernes, 27 de enero, se hizo pública la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de aceptar la inscripción del binomio del partido Valor, liderado por Zury Ríos. Esto a pesar de que Ríos cuenta con una prohibición constitucional para optar a la primera magistratura de la nación basada en el Artículo 186 de la Constitución de la República, el cual le impide optar al cargo de Presidente o Vicepresidente a “parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad” de un caudillo o “jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional.” Está demás agregar que esta no es la primera vez que Ríos, a pesar de la prohibición, intenta participar como candidata, lo cual debe llevarnos a la pregunta: ¿por qué, alguien que pregona un discurso de “transparencia” lograría hacerlo irrespetando desde el comienzo el documento más importante del país?
El largo camino de Zury Ríos para llegar a la presidencia del país representa un perfecto ejemplo de los legados del autoritarismo y de la violencia del Estado en Guatemala. Su poder y presencia política son un claro indicativo de por qué no podemos seguir historizando el periodo de 1960 a 1996 como una guerra o un conflicto armado, porque la violencia ejercida no se limitó a una batalla entre dos sectores política e ideológicamente opuestos, o a un conflicto meramente librado por la vía de las armas. Por el contrario, las décadas de conflicto fueron producto de la continuación de un sistema opresivo colonialista que en la segunda mitad del siglo XX y bajo el contexto de la guerra fría, las elites del país aprovecharon para avanzar con su campaña usando como armas la violencia directa -expresada a través de ataques masivos como masacres y la política de tierra arrasada, así como ataques selectivos, como los que ocurrieron en la áreas urbanas-, al mismo tiempo, empujaron estrategias de violencia no directa como la incorporación de poblaciones indígenas a las fuerzas de seguridad, la reubicación de comunidades en aldeas modelo y las campañas de propaganda ideológica que vendieron la idea de que, ese sector que solo buscaba asegurar y defender sus privilegios, estaba en realidad “salvando a Guatemala.”
La firma de la paz en 1996 no creó democracia, solo dio paso a otra batalla en la cual los sectores poderosos utilizarían las herramientas del sistema democrático para legitimar su poder, al mismo tiempo, usarían las instituciones del estado, como la violencia estructural -producto de la inequidad- y la propaganda para continuar impulsando su propuesta ideológica de asumirse como los “salvadores de la patria.” Por eso, la lucha por la democracia no se define solamente en las urnas, sino que también, debe librarse en las mentes de una población que parece estar dispuesta a votar por la candidata que vive orgullosa de ser la hija de un genocida.
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