Luz verde al pliego de bonificaciones e incentivos al empleo para 2023. Para este año hasta 20 modalidades distintas de contratación estarán sujetas a exenciones en cuota a la Seguridad Social, según recoge el texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros . El real decreto que da respuesta a uno de los puntos incluidos en el componente 23 del Plan de Recuperación comprometido con Bruselas para la llegada de fondos europeos incluye, al margen del pliego de tipos y cuantías de las bonificaciones, dos aspectos clave: todas las modalidades de exenciones, a excepción de una, están sujetas a la firma de contratos indefinidos y las empresas estarán obligadas por ley a mantener durante tres años como mínimo al trabajador con un contrato bonificado en plantilla. Según explicaba la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz , en la rueda de presa posterior al Consejo de Ministros, la norma, además de reglar estos incentivos que se incluyen anualmente al presupuesto del ministerio, reordena este abanico de subvenciones que ya han sido cuestionadas en numerosas ocasiones por los organismo auditores como Airef y que el propio Gobierno reconoce como deficientes en algunos casos. Como se ha mencionado, el único contrato que estará bonificado con carácter de temporalidad es el de sustitución para los casos de maternidad y paternidad . Aseguraba Díaz al respecto que se adopta esta media en aras de fomentar la conciliación familiar. El resto, están sujetos a firmas de contratos indefinidos. «Adecuamos las mejoras a la empleabilidad a la nueva normativa laboral», señalaba la ministra apuntando que esta parte de la política activa de empleo se intrinca con los principales preceptos de la reforma laboral en materia de reducción de la temporalidad en el mercado laboral. «La norma también responde a la necesidad de unificar, simplificar, homogeneizar y hacer más eficaces los incentivos a la contratación que en la actualidad están contenidos en normas que disponen unas 76 medidas. Además, acentúan esta dispersión las ayudas en el ámbito autonómico que, hasta ahora, carecían de un marco jurídico común que aportase una visión integral», señala el comunicado publicado por Trabajo al término de la reunión del Consejo de Ministros. Contención del coste El Ejecutivo calcula que el coste para las arcas públicas de esta actuación asciende a 1.821 millones de euro s (con datos de 2020), e irán con cargo al presupuesto de gastos del SEPE. Y es precisamente la razón del coste de esta política la que ha hecho señalar a diferentes organismos independientes las deficiencias sobre el diseño de estas bonificaciones en los contratos laborales, su escasa eficacia en el objetivo de fomentar la creación de puestos de trabajo estables, además de una urgente necesidad de que se pongan de parte de la Administración las herramientas precisas para poder evaluar su impacto.