En 2021 se registraron en nuestro país 13 mil 780 extorsiones, en tanto que días antes del fin de 2022 el Ministerio Público (MP) reportó 14 mil 67 denuncias por extorsión. En todo caso, la tendencia es alcista, por lo que se espera que en 2023 las extorsiones lleguen a los niveles de 2015 (15 mil 945 denuncias), que se registra como el número más alto de extorsiones en Guatemala.
Las extorsiones se traducen en presiones o exigencias, mediante amenazas, coacciones o intimidaciones sobre las víctimas, para que éstas paguen ciertas sumas de dinero periódicamente, a cambio de no ser agredidas. Generalmente, los delincuentes atacan a sus víctimas cuando éstas no ceden a sus exigencias ilícitas. Las arremetidas contra la vida, la integridad personal y los bienes de los extorsionados son constantes. Abundan los casos de salvajes asesinatos, violaciones, secuestros, lesiones gravísimas, robos y destrozos asociados a la extorsión, que ejemplifican hasta donde llegan los extorsionistas cuando los amenazados no les entregan los dineros que les son exigidos.
El dinero reclamado por los codiciosos pandilleros varía de acuerdo a los recursos económicos aparentes con los que supuestamente cuentan los extorsionados. Por supuesto, los requerimientos aumentan cada cierto tiempo, al punto que para muchos extorsionados se vuelven prácticamente impagables, lo que puede traducirse en intimidaciones o coacciones en contra de los extorsionados y/o sus familiares, que puede llegar al destierro o al asesinato.
En la cadena criminal extorsiva se involucran policías corruptos, con quienes los pandilleros comparten el producto de los cobros ilícitos. A esto habría que agregar que las autoridades, para acreditarse “golpes de efecto”, hacen redadas de presuntos extorsionistas, pero sin pruebas que los incriminen, lo que obliga a los jueces a liberarlos casi de inmediato. Esto supone una suerte de “puerta giratoria” (de ingresos y egresos) que desacredita y resta credibilidad a la justicia oficial.
Sin duda, la contaminación de las autoridades causa estragos en todo el sistema de seguridad y justicia, al extremo que las potenciales víctimas no tienen más opción que defenderse por propia mano. Lamentablemente, la alegación de legítima defensa es tan controversial y difícil de demostrar que muchas veces se convierte en un “boomerang” en contra del que se defiende.
La espiral de extorsiones ha llegado a tal nivel que muchos dueños de viviendas, medios de transporte y negocios medianos y pequeños (farmacias, tiendas, librerías, talleres, panaderías, abarroterías, gasolineras, restaurantes, edificios, oficinas, etcétera) en diferentes zonas de la Capital y de áreas urbanas en el interior del país, están cerrándolos o abandonándolos debido a los impagables requerimientos dinerarios que les hacen los pandilleros.
Las pandillas o maras no solo operan en Guatemala, sino también en otros países, tales como El Salvador, Honduras y los EE.UU. De hecho, el gobierno salvadoreño, presidido por Nayib Bukele, valiéndose de un estado de estado de sitio indefinido, ha desatado una guerra sin cuartel en contra de las maras, que se traduce en el encarcelamiento de presuntos pandilleros, habidos en áreas marginales y sindicados por el simple hecho de ostentar tatuajes. El número de detenidos, sin garantías procesales, asciende a más de 66 mil y va en aumento, lo que ha dado pie a que organizaciones internacionales de protección de derechos humanos condenen al régimen de Bukele.