Lo he dicho públicamente en distintos foros, incluso académicos. La política guatemalteca y aquella que ejerce el poder está siendo copada por personajes vinculados al narcotráfico y crimen organizado que diseña y modela el Estado en para sus intereses corporativos.
La muestra más evidente de mis apreciaciones está en la reciente petición de extradición de la justicia estadounidense a un diputado al Congreso de la República, un diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y dos alcaldes en el ejercicio de sus gestiones, acusados con cargos de trasegar drogas desde nuestro país hacia ese país del norte.
Se trata del diputado José Ubico, del partido Todos, quien ya fue condenado en Estados Unidos a 46 meses de prisión por tráfico de heroína, Fredy Salazar, diputado suplente del Parlacen), y los alcaldes Crystian Escobar (El Rodeo, San Marcos) y Esvin Marroquín (Cuilapa, Santa Rosa). De acuerdo a la investigación, ambos tendrían vínculos con estructuras dedicadas a la fabricación y tráfico de cocaína.
El año pasado fue detenido en Panamá Carlos Danilo Preciado Navarijo, alcalde de Ocós, San Marcos, y quien también enfrenta en Estados Unidos un proceso judicial por el delito de tráfico internacional de estupefacientes.
Guatemala ha experimentado distintas etapas en cuanto a la relación del narcotráfico y la política. En las campañas de 2007 y 2011, hubo información pública y de acuerdo a las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) sobre el aporte financiero del narcotráfico a varios candidatos a cargos de elección popular, incluso presidenciables.
La CICIG estimó que alrededor del 25 por ciento del financiamiento electoral en la campaña de 2011 provino de estructuras criminales, sobre todo las dedicadas al tráfico de drogas. Posteriormente los líderes de estas estructuras fueron beneficiados con obra gris y contratos millonarios a través de ONG´s vinculadas a ellos.
Esta vez, la situación ha avanzado, pues ya no se trata de narcos financiando a políticos sino de políticos vinculados y con participación muy activa en actividades de trasiego de drogas y otros ilícitos a nivel internacional y que no solo tienen relaciones con personajes dudosos, sino que principalmente son jefes de estas organizaciones.
Estos narcos políticos son los que ejercen presión para que el presupuesto del país sea destinado particularmente a Consejos de Desarrollo para saquear más de Q2 mil millones y beneficiar a los alcaldes, pero particularmente a sus socios alcaldes narcos que están en las áreas fronterizas, presionan para que la justicia les beneficie a ellos, a sus socios, a militares, élites económicas y a políticos en general.
Estamos viviendo el poderío del narco político, el vinculado al crimen organizado, a las mafias y a las élites que peligrosamente se asocian a ellos, sin comprender que el futuro del país está en juego porque poco a poco, el poder no será del Estado sino del narco.
La justicia estadounidense se lleva a aquellos que han osado ingresar drogas a su país, pero nosotros estamos frente a los narcos políticos que ejercen la hegemonía del poder.
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