La competitividad de los puertos españoles está en juego. Porque la nueva directiva de mercados de derechos de emisión de CO2 de la UE deja en desventaja a las infraestructuras del Estado. En riesgo está que parte del flujo marítimo de mercancías vaya a parar a las terminales del norte de África poniendo en jaque enclaves estratégicos para España como el puerto de Algeciras . Los avisos son continuados. Los gestores portuarios están de acuerdo con la transición ecológica que exige Bruselas, pero piden que el tablero de juego se iguale para seguir siendo atractivos a ojos de los operadores marítimos y los tráficos no se desvíen. Los puertos del Norte de África ya cuentan con otras ventajas competitivas respecto a las infraestructuras españolas como mayor laxitud en sus costes de personal lo que les permite ser más flexibles con sus tarifas. Para evitar consecuencias desastrosas, la comisión de puertos de la Cámara de Comercio de España pidió el lunes a la Unión Europea la reformulación de la directiva de mercados de derechos de emisión en su aplicación al transporte marítimo. Esta imposición entró en vigor el pasado 1 de enero y se aplicará de forma progresiva hasta 2026. En la práctica supondrá que los buques que quieran atracar en los puertos europeos tengan que pagar por el combustible que queman en su trayecto. Desde el 20% de su consumo durante 2023 hasta el 100% dentro de cuatro años. Es decir, en 2026 pagarán el doble por uso de carburantes, si estos no son sustituidos por otras opciones no contaminantes. Según la Cámara de Comercio, la aplicación de la norma podría generar un ‘efecto sustitución’ de los puertos de la UE por otros limítrofes exentos de la aplicación de las tasas, «trasladando parte de la cadena de suministro europea a terceros países, limitando rutas y frecuencias marítimas e impulsando aún más los precios al alza para nuestro tejido productivo». Pasaría por ejemplo con Algeciras en favor de Tánger, que en los últimos años ya le toma la delantera en el Estrecho de Gibraltar. La infraestructura gaditana tiene su negocio más boyante en el tráfico de tránsito. Barcos transoceánicos que efectuán escalas en varios puntos del planeta hasta su destino final. El problema es que para los buques es ya mucho más interesante hacer parada en el puerto marroquí que en Algeciras, pues la distancia entre ambos puntos es de apenas 30 kilómetros y los costes son ahora mucho menores. Es lo que la Cámara de Comercio denomina como ‘paraísos de CO2’, ya que se genera una fuga de emisiones de carbono desde la UE a países próximos en el intento de las navieras de eludir el impuesto. Esto, a la vez que se producen pérdidas milmillonarias y se ponen en jaque miles de empleos. No solo en el Campo de Gibraltar. También en otras infraestructuras estratégicas como Valencia y Barcelona, que compiten por el liderazgo en el Mediterráneo. Efecto contrario No solo se pierde competitividad, sino que también se provoca el desenlace contrario al que se persigue. Porque estos tributos también pueden generar un trasvase de los flujos de transporte marítimos a los terrestres. En España, el 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones se realizan por vía marítima. Si parte de esos portes van a parar a la carretera se acabaría generando un mayor volumen de emisiones, en contra de lo que persigue la política comunitaria. Con todo, la transición ecológica en los puertos españoles será dilatada. La política europea de reducción de emisiones está alineada con el marco estratégico del sistema portuario de interés general de los puertos españoles. La hoja de ruta ‘verde’ que seguirán los Puertos del Estado durante la próxima década. Para Ocean Capital Partners (OCP) , firma líder en gestión e inversión en terminales de pasajeros y marinas de megayates, este plan se muestra «estricto con los plazos» de algunas medidas relacionadas con medio ambiente como la reducción de las emisiones de CO2, según apunta en su análisis de la medida. Noticia Relacionada estandar Si La Moncloa y Economía pugnan por colocar a sus afines en Industria Daniel Caballero Sánchez piensa en De la Rocha como posible ministro tras la salida de Maroto, mientras que Nadia Calviño maniobra para ubicar a Carme Artigas El nuevo plan de actuación prevé que los puertos españoles rebajen sus emisiones en 2030 a la mitad de los niveles que tenían en 2019 con el coste que eso acarrea. Por ejemplo, con la instalación de 300 MW de renovables en los puertos españoles, que implica una inversión asociada de casi 300 millones de euros. En total, la transición energética de la red de instalaciones portuarias tendrá un coste de alrededor de 4.500 millones de euros, según OCP, que a pesar de la elevada cifra hace una valoración positiva de esta estrategia a futuro. En esta partida también están previstos 450 millones correspondientes a la adaptación del suministro eléctrico a buques conforme a la normativa europea (OPS) y 4.000 millones para inversiones en producción de biocombustibles como el metanol, etanol o hidrógeno. OCP considera en su análisis que el marco propuesto es ambicioso y necesario, «aunque con unos objetivos quizá demasiado amplios para el conjunto de las 28 Autoridades Portuarias y los 46 puertos de interés general atendiendo a cómo se conforma nuestro sistema portuario, en el que conviven puertos de muy diferente naturaleza y condición». Para la firma conseguir el alineamiento de todos ellos «requiere de un mayor detalle a la hora de definir objetivos».