¿Elecciones creíbles sin Estado de derecho?
El 2022 cerró a tambor batiente. Los partidos comenzaron a cumplir su calendario de asambleas para proclamar candidatos, con vistas a las elecciones generales. Washington cargó la mano con sanciones que sí han inyectado temores, a diferencia de la lista Engel. Y fue inocultable el agravamiento de la salud de Giammattei, cuyo impacto abre un escenario de “rinoceronte gris”: señales ignoradas, hasta que es tarde.
En teoría, la oferta electoral estará nutrida con 30-32 partidos que fraccionarán como nunca el voto. En las elecciones de 2019 se inscribieron 27 candidatos presidenciales, y corrieron 19: cinco postulaciones fueron revocadas (incluyendo las de Thelma Aldana y Zury Ríos, ambas con alta intención de voto) y tres declinaron. Fue suficiente para que Giammattei pasará a segunda vuelta con apenas el 14 por ciento de los votos, columpiándose en el antivoto urbano de Sandra Torres para ganar.
Los problemas de gestión electoral de hace cuatro años se exacerbarán. El TSE es el menos independiente y competente en 40 años. La resolución de los alegatos sigue fraccionada en el TSE, CSJ y CC, cuestionadas por la forma como se integraron y por sus resoluciones de muy dudosa legalidad. Las Cortes no son órganos especializados y sus plazos no necesariamente se ajustan al calendario electoral.
Ya en 2019, con una autoridad electoral creíble y calificada, la introducción de herramientas tecnológicas para procesar los resultados se convirtió en punto agrio de disputas. Las fallas en el Sistema de Transmisión de Datos Electorales Preliminares dejó al descubierto incongruencias con las actas y errores en el conteo de los votos.
Por otro lado, juega el sempiterno problema de judicializar la política. En el 2019 los tribunales ordinarios conocieron 416 solicitudes de nulidad de inscripción de candidatos presidenciales. Las diversas interpretaciones de las normas por parte de las instituciones responsables abrieron la puerta a cuestionamientos y apelaciones por doquier. Esta vez el sospechoso TSE tampoco ha avanzado en clarificar requisitos, poner a disposición jurisprudencia e información, ni los procedimientos para resolver ambigüedades en las normas.
Ese conjunto de factores perjudica la seguridad jurídica del proceso electoral y, por tanto, la legitimidad y legalidad de la conformación de los organismos de representación democrática del 2024-2028, con hondas repercusiones en la gobernabilidad democrática. La uniformidad de resoluciones que eventualmente podrían mostrar el Registro de Ciudadanos, el pleno del TSE, la CSJ y la CC no resuelve el problema de confianza, al revés, lo profundiza, dada la manera como se integraron las instancias bajo la égida del Pacto de Corruptos.
Solo los partidos independientes beligerantes y la ciudadanía vigilante -sumada a la presión internacional- podrán mitigar los riesgos y salvar el proceso.
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