Las promesas violentas de los candidatos, provenientes de las elites como Arzú, deberían ser examinadas a la luz del derecho nacional e internacional por el extremo nivel de saña que representan, además, porque retratan la discriminatoria nación que las elites quieren.
Con el arribo de una nueva época de elecciones vuelven las promesas de aspirantes a mandatarios, cuyos limitados conocimientos de gobernanza, contexto social y económico, que están basados en la ideología fascista, solo les permite plantear la pena de muerte como la solución a los altos niveles de violencia y de crimen que azotan a Guatemala. El más reciente caso es el de Roberto Arzú, quien a bajo el eslogan de “se rinden o se mueren” y utilizando imágenes fuertes del último fusilamiento ocurrido en el país en 1996, promete devolver la pena de muerte por vía del fusilamiento para “violadores, secuestradores, extorsionistas, asesinos y corruptos.”
Adicionalmente, Arzú promete sacar al ejército a las calles, militarizar las cárceles, aumentar recursos para inteligencia militar y equiparlas. Todas estas medidas están diseñadas para permitir a los autócratas cometer una serie de violaciones a los derechos humanos de la población, siendo los ejemplos más cercanos el de El Salvador y Nicaragua.
Las promesas de militarización y muerte de Arzú llaman la atención, no porque sean novedosas, sino porque la élite del país siempre ha operado de la misma manera: a través de la violencia legal e ilegal. Es más, su limitada visión de futuro y eventualmente de Estado, han hecho que desde la época colonial esa sea la única manera en la que han sabido “gobernar”. Esto porque su interés no es el bienestar colectivo sino aumentar sus privilegios individuales y corporativos.
Las promesas violentas de los candidatos provenientes de las elites como Arzú deberían ser examinadas a la luz del derecho nacional e internacional por el extremo nivel de saña que representan, además, porque retratan la discriminatoria nación que las elites quieren, a través de uno de sus miembros, quien intenta posesionar la idea de que la mano dura es la única solución a los problemas de país. Estas posturas evidencian cómo las elites económicas guatemaltecas alimentan una ideología y una narrativa de violencia. Las elites del país no solo crean las condiciones de pobreza que llevan a la violencia, además, insertan a los sectores pobres y marginalizados a las filas de las fuerzas de seguridad, proveyendo así, soluciones retrógradas para el problema que ellos mismos crean.
El miedo es una fuerza política fuerte y a eso le apuestan estos políticos, a generar terror y miedo en la población paupérrima y sin acceso a formación crítica. Arzú no es el primero ni será el último en ofrecer este tipo de “soluciones”. Lastimosamente, es ese generador político el que hay que trabajar como país, porque son las mayorías quienes sobreviven en la línea de pobreza y quienes enfrentan múltiples violencias todos los días, a quienes este tipo de promesas apelan y mueven.
Nadie debería vivir con miedo, sí se buscan futuros justos se debe empezar por entender que las soluciones no vendrán exclusivamente desde lo punitivo, sino de cambios a las estructuras económicas, políticas, culturales y sociales, que por muchas generaciones han permitido que las familias de la élite guatemalteca vivan de sangrar al país.
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