La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cumplió la semana pasada un año en el cargo con declaraciones a favor del fracasado autogolpe en Perú y en contra el Gobierno constitucional de ese país, exhibiendo con ello un tono más radical del que venía mostrando. Presidenta de izquierda, Castro había mantenido una actitud de moderación en el terreno internacional, con cierto entendimiento con Estados Unidos, así como con otros vecinos continentales de orientaciones políticas diferentes. Ahora, por un lado sigue manteniendo el cuidado en la relación con Washington (no está en una confrontación diplomática como El Salvador y Guatemala), pero por otro se ha alineado con el populismo de izquierda regional menos apegado al rigor democrático. Así, en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrada la semana pasada en Ciudad de México, Castro negó legitimidad a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, compartiendo la posición extrema de los mandatarios de México, Colombia, Argentina y Bolivia. Perú ha reaccionado retirando a su embajador en Honduras de «forma definitiva», como ya había hecho en señal de protesta contra los gobiernos de esos otros países. Noticia Relacionada reportaje Si Honduras se moviliza para acabar con el ‘impuesto de guerra’ de las pandillas Susana Gaviña La extorsión es uno del principales cánceres que sufre el país desde hace décadas. El Gobierno de Xiomara Castro ha puesto en marcha un plan para acabar con este delito, que incluye la declaración del estado de excepción en un centenar de barrios y colonias controladas por la Mara Salvatrucha y Barrio 18 Las declaraciones de Castro se producen en un momento en que esta parece encontrarse en una huida hacia adelante, con su marido y principal asesor (el expresidente Manuel Zelaya) y otros miembros de su familia (su cuñado Carlos Zelaya, vicepresidente de la Cámara Legislativa, y Xiomara Zelaya, hija de la pareja presidencial, como activa diputada) comprometidos en una campaña para tener un control sobre la Corte Suprema de Justicia, cuyos 15 miembros deben elegirse ahora, mayor del que correspondería por representación parlamentaria. Además, Castro ha hecho prorrogar el estado de excepción en algunas zonas del país para luchar contra las pandillas violentas, siguiendo el ejemplo, aunque sin sus excesos, del cada vez más autoritario Nayid Bukele en El Salvador, muy criticado por las organizaciones derechos humanos. La presidenta hondureña también parece avanzar hacia posibles restricciones en la labor de la futura Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), un organismo dependiente de la ONU con personal investigador sobre el terreno. El aumento del poder del clan familiar de Castro ha supuesto la ruptura entre el partido Libertad y Refundación (Libre), creado por Castro y su marido, y el Partido Salvador de Honduras (PSH), del vicepresidente Salvador Nasralla, quien ya hace meses retiró sus diez diputados de la estricta disciplina de voto oficialista, aunque sin pasar propiamente a la oposición. Con solo 50 de los 128 miembros de la Cámara, Libre no tiene mayoría para sacar adelante sus propósitos, si bien los intensos contactos que mantiene el expresidente Zelaya pueden acabar abriéndole alguna vía. Nasralla acusa a Castro de querer crear «una nueva Venezuela» por el intento de designar una Corte Suprema afín, así como de nombrar a un fiscal general y su adjunto alineados con el Gobierno. «Inaceptable injerencia» en Perú Las palabras de Castro sobre Perú no fueron nada diplomáticas. «Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano, nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación», escribió en las redes sociales el pasado 26 de enero. Castro calificaba de golpe lo que en realidad fue la legal detención de un presidente que acababa de anunciar su intención de disolver el Parlamento sin convocar inmediatas elecciones y gobernando durante meses por decreto, como modo de impedir que los legisladores pudieran votar el constitucional mecanismo de expulsión del cargo por las acusaciones de corrupción de que era objeto. El Gobierno peruano acogió las declaraciones como una «inaceptable injerencia». La posición de Castro en este asunto está influida por la propia experiencia familiar. Su marido tuvo que dejar la presidencia de Honduras en 2009 después de que fuera desalojado del puesto por el Ejército por no respetar la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaraba ilegal el referéndum que Zelaya quería llevar a cabo para una posible reforma de la Constitución. Ya entonces, los gobiernos alineados con el bolivarianismo denunciaron lo sucedido como golpe de Estado, si bien no contaron con mayoría en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para imponer internacionalmente este criterio. En Perú, en cualquier caso, el carácter antidemocrático de la acción de Castillo está más clara, y mandatarios de izquierda como Lula da Silva y Gabriel Boric avalan la legitimidad de Boluarte, aunque han criticado la dureza de la represión policial contra quienes protestan en las calles. Atención a la Comisión contra la Corrupción La piedra de toque de la evolución democrática de la gestión de Castro será la CICIH. El presente desmoronamiento institucional en Guatemala está muy relacionado con el cierre de una comisión similar, la CICIG, por el presidente Jimmy Morales y con la negativa a restituirla por parte de su sucesor y actual mandatario, Alejandro Giammattei. Castro prometió durante la campaña electoral la creación de esa comisión, dándole un rango más alto y mayores atribuciones que la que ya venía funcionando en el país asistida por la OEA. La detención y extradición a Estados Unidos de su antecesor en el cargo, Juan Orlando Hernández, condenado luego por narcotráfico, vino a avalar la necesidad de que una instancia internacional e independiente ayude a luchar contra una corrupción muy enquistada en las esferas de poder político o económico. MÁS INFORMACIÓN noticia Si De 1992 a 2022: Perú como símbolo del comienzo y fin del canon democrático latinoamericano Sin embargo, Castro tardó casi un año en acordar un memorándum con la ONU para erigir la CICIH, que se firmó el pasado 15 de diciembre, y aún no se han concretado aspectos vitales sobre el trabajo de ese organismo: si sus empleados podrán investigar de modo completamente independiente y si podrán elevar ellos mismos las acusaciones sin tener que dejar que sea el Ministerio Fiscal del país quien lo haga. La posibilidad de que la CICIH acabe investigando al expresidente Zelaya, como demanda el opositor Partido Nacional, puede explicar algunas cautelas de Castro.