El ritmo al que Bruselas está repartiendo los fondos europeos se le queda corto al Gobierno de Pedro Sánchez, urgido por el incipiente frenazo de la economía española y por la cercanía de las elecciones generales de final de año. El director general adjunto de la Comisión Europea, Declan Costello, ha revelado este jueves en una sesión dedicada a España de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que el Gobierno tiene comprometidas inversiones con cargo al Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia por valor de 56.000 millones de euros pese a que a estas alturas Bruselas solo ha autorizado el pago a España de 31.000 millones de euros. El Gobierno tiene comprometidos, por tanto, 25.000 millones de euros en inversiones para las que todavía no tiene garantizada financiación europea. España ha programado estos proyectos sobre el bien entendido de que aún le restan por recibir cerca de 50.000 millones de euros en transferencias a fondo perdido y otros 75.000 millones en préstamos a bajo tipo de interés, si bien la recepción efectiva de esos fondos continúa dependiendo del cumplimiento de los hitos y objetivos que el Reino de España acordó en su día con la Comisión Europea. El Ejecutivo solicitó en noviembre el tercer desembolso de 6.000 millones de euros y espera la evaluación favorable de la Comisión Europea para recibir esos fondos. Las expectativas sobre la recepción de esos fondos son más o menos optimistas en función de a quién se quiera escuchar. Si algo se ha demostrado en el debate sobre España de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, prólogo de la visita que la Comisión realizará al país en cuestión de diez días, es que las visiones sobre el desempeño de España con los fondos europeos son bien diferentes según se escuche a la Comisión Europea o a los auditores del Tribunal de Cuentas de la Unión. Mientras la Comisión Europea sostiene que la ejecución del plan en España se puede presentar como un ejemplo de buenas prácticas pese a la existencia de algunas lagunas puntuales tanto en la ejecución como en la información que se proporciona desde el país y que los efectos positivos de los fondos europeos ya se han empezado a hacer notar en algunos ámbitos como el mercado laboral, cuya reforma ha sido defendida por los funcionarios de la Comisión, la opinión del Tribunal de Cuentas es bien diferente. Dudas de los auditores europeos Ivana Maletic, autora de la auditoría del Tribunal de Cuentas europeo sobre la ejecución del Plan de Recuperación en España, ha subrayado que sus últimos análisis indican que se continúan apreciando las mismas lagunas en el desarrollo de los hitos y objetivos del plan que se detectaron en el primer informe sobre España, correspondiente al ejercicio de 2021. Ha mencionado aspectos relacionados con la reforma del sistema de pensiones , del fortalecimiento de la red de atención primaria del sistema de salud, de las interconexiones con Europaa y de las políticas de apoyo a la I+D+i. En este sentido, ha instado a la Comisión Europea a diseñar un protocolo de actuación que aclare cómo se debe actuar en caso de incumplimiento de los hitos y objetivos pactados, en particular a la hora de liberar los fondos correspondientes a los pagos parciales . MÁS INFORMACIÓN La UE amenaza con congelar los fondos de recuperación para España hasta que detalle en qué los gasta El comentario de Maletic incide en uno de los asuntos que más polvareda han levantado en los últimos meses: la posibilidad de que los países puedan perder una parte de los fondos preasignados por Bruselas por el incumplimiento total o parcial de los hitos y objetivos acordados con la Comisión Europea. La visión del Tribunal de Cuentas es que Bruselas tiene un enfoque demasiado laxo de la cuestión, que puede hacer que algunos países relajen sus controles sobre la ejecución de los objetivos.