El Gobierno ha frenado el último intento ‘in extremis’ de la banca para tratar de aligerar la factura fiscal extra asociada al nuevo gravamen aprobado por el Gobierno, que el Ministerio de Hacienda estima en 1.500 millones de euros a pagar por solo un puñado de entidades. En las últimas semanas, emisarios de las entidades financieras han intentado negociar con Hacienda la exclusión de la base del impuesto de la parte de las comisiones e intereses ingresados por las entidades que no están asociadas de manera directa a su negocio bancario . Incluían en ese saco las comisiones y los márgenes de intereses relacionados con su negocio asegurador o con el asesoramiento profesional para la gestión de activos financieros, según explican fuentes del sector financiero. El argumento de fondo era que si el Gobierno no había incluido en el perímetro del nuevo gravamen a las entidades aseguradoras o a las gestoras de fondos de inversión no tenía mucho sentido que se gravara a las entidades financieras por su negocio asegurador o de asesoramiento en la gestión de activos, ya que se podría entender como un agravio comparativo hacia los bancos. El nuevo gravamen sobre las entidades financieras establece el pago de un tipo del 4,8% sobre la suma del margen de intereses y las comisiones netas ingresadas por los bancos, cuando estas superen el umbral de 800 millones de euros anuales, sin distinción alguna por tipo de negocio. Bajo esa premisa, la asunción de ese límite sobre el perímetro de aplicación del nuevo gravamen implicaría una reducción de las cargas fiscales asociadas al mismo. Una reducción a la que el Ministerio de Hacienda no ha accedido . Fuentes conocedoras de estos contactos, que desde el Ministerio de Hacienda se resisten a calificar como negociación, aseguran que el mensaje trasladado por Hacienda a las entidades es que la ley aprobada el pasado 28 de diciembre es suficientemente clara a la hora de definir la base imponible del impuesto y que cualquier modificación requeriría una reforma legislativa que el Gobierno no tiene intención de promover. Diferencias de criterio Fuentes del sector financiero, por el contrario, argumentan que la redacción de la norma es lo suficientemente laxa e imprecisa como para haber admitido los cambios que se planteaban sin necesidad de una reforma legislativa y que su falta de adaptación a estos ajustes lo único que va a conseguir es aumentar la fragilidad técnica de la norma y su exposición a un eventual revés judicial. Las fuentes consultadas explican que uno de los flancos de actuación que se han detectado en el análisis jurídico de la norma que sostiene el nuevo gravamen es el de las ayudas de Estado, ya que se entiende que la imposición de un gravamen sobre un determinado flujo de ingresos a un puñado de entidades y la exclusión de otras atenta contra el principio de generalidad en la aplicación de los impuestos e incluso contra el de capacidad económica, al no tener en cuenta los beneficios sino los ingresos. La publicación el pasado viernes en el BOE de la orden ministerial que da trámite a los modelos de declaración del gravamen y precisa el procedimiento para su presentación del mismo ha abierto la veda para los recursos administrativos y judiciales que las entidades afectadas llevan preparando desde hace semanas. Según fuentes del sector, la lluvia de recursos se desencadenará con total probabilidad este mes de febrero, coincidiendo con la publicación de la orden ministerial y también con el primer pago fraccionado previsto en la norma. Las entidades creen tener base jurídica suficiente no solo para impugnar las liquidaciones previstas para este mes sino también el impuesto en su conjunto. Un informe encargado a juristas de reconocido prestigio por el Instituto de Estudios Económicos concluyó, entre otras cosas, que la tramitación de la norma podría ser considerada como fraude de ley al utilizar una figura como la prestación patrimonial no tributaria para enmascarar la creación de un nuevo impuesto y de esta forma esquivar los principios del derecho tributario y los controles constitucionales: consulta pública, Memoria de Impacto Normativo, Dictamen de Consejo de Estado o toma de posición del Banco de España. Avisó, además, de que el diseño del gravamen vulnera los principios de igualdad, capacidad económica y libre competencia entre operadores, material más que suficiente para concluir que presenta graves problemas desde la perspectiva constitucional. MÁS INFORMACIÓN El Gobierno insiste en que los altos beneficios de la banca y energéticas justifican los nuevos impuestos El Gobierno libera de su impuesto a la banca a medio centenar de entidades extranjeras Los bancos también han advertido del impacto económico que la aplicación efectiva del gravamen va a tener, ya no solo sobre los márgenes de beneficio de las entidades sino sobre los circuitos financieros y el coste de la financiación que los bancos prestan a empresas y particulares en un contexto particularmente sensible por la normalización de la política monetaria del BCE y la subida de tipos.