La denuncia ante la Comisión Europea de la reforma del delito de malversación de dinero público será probablemente el resultado más relevante de la misión a España de la comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo y probablemente aparecerá en la resolución sobre la descarga del presupuesto de 2021. Eso significa que el Ejecutivo comunitario verá aprobadas sus cuentas a pesar de las lagunas que siguen apareciendo en la gestión de los fondos de reconstrucción en España, pero entre otras recomendaciones tendrá una mención en la que se le insta a que impida que los países hagan reformas legales que favorecen el fraude del dinero público, como la que se ha llevado a cabo en España. Noticia Relacionada estandar No Los economistas avisan de que España necesitará entre dos y tres años más para gastar los fondos UE Bruno Pérez El Consejo General de Economistas pide cautela en la planificación para evitar que el Plan de Recuperación incremente la deuda pública De regreso a Bruselas, los miembros de la delegación del comité de control presupuestario se han puesto a trabajar en la redacción del informe de la misión del Parlamento Europeo que visitó esta semana España por los fondos europeos, que deberá ser consensuado entre sus miembros, por lo que se espera que el resultado será un documento bastante matizado y con pocas aristas incómodas. Según fuentes parlamentarias, ese informe estará en la línea de lo que fue el contenido de la comparecencia en Madrid de la presidenta del comité, la popular alemana Monika Hohlmeier , que había sido previamente pactado con todos los integrantes de la misión. Sin embargo, el objetivo final y la razón por la que se programó el viaje era determinar si se podía cerrar la aprobación del uso del presupuesto de la UE de 2021 del que es responsable la Comisión Europea. De haber encontrado evidencias de mal uso de esos fondos en cantidades relevantes, los eurodiputados podían haber considerado recomendar al resto del comité de control presupuestario no aprobar las cuentas, lo que habría creado una situación políticamente gravísima para la Comisión. Según una fuente muy próxima al comité, lo que ha marcado la diferencia en el viaje ha sido el descubrimiento para muchos de sus miembros de que el Gobierno español había aprobado una reforma del Código Penal que rebaja las penas para casos de malversación de dinero público. Por ello, antes de que se cerrase el plazo para sugerir enmiendas al texto de la resolución sobre el presupuesto, miembros de la delegación decidieron registrar una con mención explícita a este asunto, incluyendo una recomendación dirigida a la Comisión Europea para que persiga este tipo de comportamiento. La Comisión Europea tiene planes de anunciar una directiva para reforzar la lucha contra la corrupción en todos los países Sus reuniones con los miembros del Gobierno que quisieron recibirlos, Nadia Calviño, Maria Jesus Montero y José Luis Escrivá , no sirvieron para esclarecer las cosas. Según fuentes conocedoras de esos encuentros, ninguno de los ministros quiso ni asumir ni explicar las razones por las que el Gobierno del que forman parte había decidido rebajar las penas para casos de malversación de fondos públicos en los que no haya enriquecimiento personal. Todos ellos dieron distintas versiones del mismo argumento según el cual no ha sido una decisión de su competencia. No sirvió de mucho que se les dijera que de todos modos forman parte del Gobierno que las ha aprobado y estaban obligados a conocerlo. Estado de derecho La Comisión ya tiene conocimiento de esta reforma, a través de las preguntas que le han hecho eurodiputados y periodistas. Por ahora, según portavoces oficiales, la doctrina básica sostiene que en este campo de la protección del dinero del presupuesto comunitario la Comisión «analiza todas las reformas pertinentes en el contexto de la Directiva de Protección de los Intereses Financieros de la Unión (PIF) » y en este caso, «revisará la reforma en el contexto del informe anual sobre el Estado de derecho, en lo que respecta a las medidas anticorrupción». Ese informe, en el que está como asunto pendiente y grave la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y la negativa del Gobierno a aceptar una reforma que amplíe el papel de los jueces en la elección de sus miembros, se publicará coincidiendo con el inicio del semestre de presidencia española, lo que puede causar cierta incomodidad política. Además, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen ya anunció en su discurso sobre el estado de la Unión en otoño que prevé aprobar una propuesta legislativa «para tipificar como delito todas las formas de corrupción en todos los Estados miembros, incluido el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el abuso de poder y la malversación», lo que probablemente obligará a España a deshacer esa reforma hecha a la carta de los socios del Gobierno. La agencia antifraude OLAF deberá tener acceso a los datos de los fondos El sistema Coffee que el Gobierno no ha logrado poner en marcha plenamente seguirá siendo el punto débil de todos los análisis de la gestión de los fondos de recuperación en España. Los eurodiputados han podido comprobar sus limitaciones y sobre todo se han quedado con la impresión de que en realidad sus datos todavía no están al alcance de la agencia de lucha contra el fraude, la OLAF, que es un organismo independiente de los demás organismos comunitarios. A diferencia de la Fiscalía Europea, la OLAF se dedica específicamente a detectar casos de uso inadecuado de fondos públicos europeos o de corrupción en el comportamiento de funcionarios europeos. Tanto sus investigaciones como las de la Fiscalía son secretas y no se publican datos si no aparecen claras evidencias. Está previsto que esta legislación comunitaria se presente en abril. En el comité de control presupuestario se espera que la resolución sobre el presupuesto será votada en comité en marzo, por lo que no es imposible que en el pleno siguiente coincidan la iniciativa de la Comisión pidiendo que se endurezcan las normas anticorrupción y la resolución en la que le piden que le aclare al Gobierno español lo que piensa de la rebaja de las penas por malversación.